La paralización de más de 30.000 obras necesarias para proveer servicios básicos a golpea a quienes viven en barrios populares del país y enfrentan una realidad alarmante: el 66% no accede a un suministro formal de electricidad, el 92% no tiene agua potable, el 97% no cuenta con cloacas y el 99% no tiene gas domiciliario.
Tras seis años de vigencia, en menos de un año, el gobierno de Javier Milei frenó el programa que garantizaba el acceso a agua, gas y electricidad en más de 6 mil barrios populares. Entre sus primeras medidas, la administración libertaria decidió desfinanciar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) provocando la paralización de más de 30.000 obras necesarias para proveer servicios básicos a unas 330.000 familias que, tras el recorte de esta política pública, deberán volver a arreglárselas como puedan.
En relación, en el Presupuesto 2025, que comenzó a tratarse esta semana el Congreso, se elimina completamente el Impuesto País, del cual parte de lo recaudado se destinaba a sostener el FISU. Los datos de relevamientos de organizaciones muestran que 6,5 millones de personas viven en barrios populares del país, de las cuales el 66% no accede a un suministro formal de energía eléctrica, el 92% no cuenta no agua potable, el 97% no está conectado a la red cloacal, el 99% no tiene suministro de gas domiciliario. A su vez, por el freno de las obras, se perdieron más de 25.000 puestos de trabajo de las cooperativas de obras de construcción.
“Es fundamental no solo sostener sino también ampliar el financiamiento de estas políticas públicas. Su interrupción agrava la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad y al que por medio del FISU empezaban a darles algunas respuestas a sus reclamos largamente postergados”, señalaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Esta organización junto a la Mesa Nacional de Barrios Populares presentó en estos días un amparo colectivo dando cuenta del desfinanciamiento que afecta a 37 barrios en diferentes provincias del país. “Acompañamos la demanda de 11 barrios populares en Pehuajó, Moreno y Mercedes para que se reinicien las obras que se frenaron en diciembre de 2023. Denunciamos el desfinanciamiento de políticas que buscan garantizar el acceso a servicios básicos, hábitat e infraestructura. A este reclamo se sumaron casos de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut, entre otras provincias”, explicaron.
No es menor recordar que el pasado 8 de octubre ingresaron de manera violenta en el domicilio de Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Socio Urbana. Desde Argentina Humana, espacio que integra, emitieron un comunicado donde indicaron que “un grupo de policías encapuchados con armas largas entraron violentamente a la casa de Miño de la villa La Cava, San Isidro. Con la excusa de un allanamiento por el supuesto robo de una moto el 26 de agosto, la golpearon a ella, a sus hijas, revolvieron toda la casa y la tuvieron dos horas incomunicada” y agregaron “no podemos tomarlo como otra cosa sino como un vuelto por las denuncias que hizo Fernanda sobre el avance del narco en los barrios populares y tampoco lo podemos separar de las falsas denuncias que sufrió por haber sido Secretaria de Integración Socio Urbana y haber impulsado una política pública en favor de los más pobres.”
Ajuste en obras básicas
Según el último relevamiento de barrios populares, con datos a fines del 2023, en nuestro país hay más de 6 millones de personas que viven en los 6.467 barrios populares que fueron registrados por el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso (ReNaBaP). Sobre las condiciones diarias, en el 66% de estos barrios, la mayoría de sus habitantes no tiene acceso formal a energía eléctrica, en el 90% a la red de agua, en el 97%, a la red cloacal y en el 99%, a la red de gas. Sobre las características de cada barrio, según la misma fuente, en el 81,2% de los casos se trata de asentamientos y en el 17,4% de villas, en tanto que prácticamente la totalidad (99,9%) no cuenta con título de propiedad.
Para hacer frente a esta realidad, organizaciones sociales impulsaron la sanción de la Ley N°27.453 que creó el Programa de Integración Socio-Urbana con los mecanismos para garantizar su financiamiento. Esta norma fue aprobada con amplio consenso parlamentario de las diferentes fuerzas políticas en 2018 y reconocida por organismos locales e internacionales. La integración socio urbana abarca “la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial”, según detalla el texto de la ley.
Fuente: El Destape
