La campaña electoral de José Luis Espert se convirtió en un verdadero calvario. Lo que debía ser su despegue en las legislativas de octubre terminó en una seguidilla de tropiezos: huidas vergonzosas en moto, vínculos incómodos con funcionarios salpicados por escándalos de corrupción, y ahora un traspié judicial que lo obliga a cambiar de estrategia. La Cámara Federal porteña le cerró la puerta a su anhelado sobreseimiento en la causa por las amenazas de “cárcel o bala” a Myriam Bregman y Nicolás del Caño, y el diputado libertario no tuvo otra opción que cambiar de abogados.
El reemplazo no es menor. Entre sus defensores aparece Augusto Nicolás Garrido, integrante del estudio Cúneo Libarona, perteneciente nada menos que a la familia del actual ministro de Justicia. El detalle exhibe, una vez más, la endogamia entre el oficialismo de Javier Milei y ciertos estudios que juegan en la mesa grande de Comodoro Py.
La paradoja es evidente: Espert, que presume de “defensor de la ley y el orden”, queda atrapado en la red de abogados vinculados a causas resonantes de abuso, represión y negocios turbios. Un penalista que defendió a Alperovich, un represor absuelto del “Pozo de Banfield” y hasta a banqueros que hoy orbitan cerca del poder económico. El mismo bufete que ahora cobija al diputado ultraliberal, convertido en cliente incómodo.
La justicia, sin embargo, no le dio el gusto. Los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens –símbolos del macrismo judicial– rechazaron el pedido de sobreseimiento y ratificaron la continuidad de la investigación. En criollo: Espert sigue procesado por amenazar de muerte a dirigentes de izquierda, en un contexto en el que el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner todavía está fresco.
La línea de defensa es tan torpe como peligrosa. Primero, el propio Espert intentó justificar en televisión lo que escribió en X: “bala puede ser Taser, pimienta, bala de goma… o por supuesto, de plomo”. Después, su abogado quiso archivar el expediente alegando que se trataba de “expresiones políticas” en defensa del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. La realidad es otra: sus palabras desataron una ola de violencia en redes que derivó en más de 700 mensajes con amenazas directas a Bregman y Del Caño, según relevamientos recientes.
Lo que asoma detrás de este episodio es un síntoma más profundo: el oficialismo de Milei naturaliza la violencia como parte de su discurso político. La idea de que la disidencia se resuelve con “cárcel o bala” no es un exabrupto aislado, sino la traducción literal de un proyecto autoritario que se apoya en la represión y en la criminalización de la protesta.
Mientras tanto, Espert juega su supervivencia política entre escándalos. Huyó de una caravana de Milei en Lomas de Zamora en una moto sin casco, está comprometido por los vínculos con Diego Spagnuolo –el exANDIS que dejó al Gobierno al borde del colapso por los audios filtrados– y ahora se refugia en el mismo estudio jurídico que integra la familia de quien debería garantizar la transparencia en la Justicia.
La pregunta es inevitable: ¿qué representa hoy José Luis Espert? ¿Un legislador que amenaza a sus pares? ¿Un operador de Milei en la Cámara Baja? ¿O apenas un peón que, en su desesperación, terminó exponiendo el verdadero rostro de la alianza entre poder político, poder económico y poder judicial?
Lo cierto es que el diputado libertario, que soñaba con arrancar su campaña con un sobreseimiento bajo el brazo, se encuentra cada vez más arrinconado. Y con una mochila que ni el bufete Cúneo Libarona parece poder aliviar.
Fuente: Pagina 12
