La decisión de La Libertad Avanza apunta a recaudar dólares a través de la venta del banco más grande del país, con 17.700 empleados y más de 650 sucursales.
A pesar de que el oficialismo en el Congreso negoció quitar al Banco Nación del listado de organismos estatales a privatizar, el gobierno de Javier Milei lo transformó en una sociedad anónima. Se trata del paso previo al desprendimiento total por parte del Estado del principal prestamista del país y pagador de prestaciones de la Anses.
En abril, el entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, había anticipado esta jugada: “No es un tema que hemos dejado de lado, al contrario. Es un debate que vamos a dar otra vez». La decisión de La Libertad Avanza (LLA) apunta a recaudar dólares a través de la venta del banco más grande del país, con 17.700 empleados y más de 650 sucursales.
A principios de diciembre, la Comisión Nacional de Valores liberó el camino para las privatizaciones de las compañías públicas a través del mercado de capitales. El organismo allanó algunas disposiciones aplicables a la oferta pública de adquisición obligatoria (OPA) para eliminar algunas “barreras regulatorias” que complicaban el proceso para transferir parte de las participaciones accionarias del Estado a un adquiriente privado. Además, también cambió el régimen especial de información de tenencias accionarias en emisoras que revistan la calidad de “mercados” bajo oferta pública. Ahora, Milei decretó el inicio del proceso privatizador del BNA.
De acuerdo al ranking de agentes pagadores de junio que publica el portal de transparencia de Anses, existen 38 canales de cobro disponibles y el primer puesto lo detenta el Banco Nación. Según el último reporte disponible del organismo previsional, la entidad paga 5.062.146 liquidaciones, una cifra que se compone de 2.243.804 jubilaciones y 2.818.342 prestaciones activas.
El titular del Gremio La Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó que el Banco Nación podría ser vendido a 30.000 millones de dólares y que su transformación a Sociedad Anónima es un primer paso a la privatización que deberá contar con la aprobación del Congreso.
Fuente: El Destape
