Diputados de diferentes bloques reclamaron que se declare la inconstitucionalidad del decreto firmado por Javier Milei
Diputados de la Coalición Cívica y el Socialismo presentaron una acción de amparo acompañada por una medida cautelar ante la Justicia Federal para para frenar el decreto de Javier Milei que reformó y otorgó mayor poder a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
El DNU 941/2025 transformó la estructura de la SIDE y le otorgó, entre otras facultades, la posibilidad de detener personas.
Frente a ello, los legisladores Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón pidieron a la Justicia que declare la inconstitucionalidad del decreto, ya que no existe ninguna urgencia y debido a que, con esta medida, el Ejecutivo está avanzado sobre materia penal.
“Estamos frente a la construcción política de una necesidad y una urgencia que carecen de todo correlato fáctico. Por ende, este Decreto no sobrevive al más mínimo test de control de constitucionalidad”, sostuvieron.
El expediente fue sorteado y quedó bajo la órbita del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de la jueza Rita Alián.
En su presentación, los diputados consideraron que no existió una situación real de urgencia que justificara saltear al Congreso y advirtieton sobre los peligros de la centralización de las tareas de espionaje en la órbita presidencial.
Al igual que gran parte de la oposición, los tres legisladores de la Coalición Cívica y el Partido Socialista aletaron que el decreto conlleva el riesgo de que el nuevo esquema de la SIDE derive en persecución política y en una militarización de la seguridad interior.
Para ellos, la medida “politiza la inteligencia” y los cambios permiten que organismo pueda convertirse “en una herramienta de persecución de periodistas, opositores, académicos y militantes sociales, todo bajo la fachada de ‘seguridad estratégica’”.
A su vez, señalaron que las definiciones amplias sobre inteligencia y contrainteligencia del decreto “generan un efecto inhibidor sobre el ejercicio de derechos políticos y de la libertad de expresión, especialmente en contextos de protesta social o disenso político”.
Por otro lado, afirmaron que la posibilidad de detener personas pertenece exclusivamente a las fuerzas policiales y su extensión a la SIDE vulnera el debido proceso y los derechos humanos.
«Cualquiera puede ser convertido, por indicación del Poder Ejecutivo, en una amenaza a la estabilidad del Estado”, alertaron.
Fuente: Diagonales
