La entidad más poderosa de la agroindustria cuestionó la polémica decisión de la Secretaría de Energía de pagar por el gas un 47% más del precio que había suspendido por caro.
El escándalo por la compra de gas para el invierno con un sobreprecio del 47% sobre el valor que la misma Secretaría de Energía había rechazado por caro, sumó un nuevo capítulo. Ahora la poderosa Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA), que reúne a los principales exportadores de granos del país, calificó la decisión como «falta de transparencia», en una acusación durísima al equipo económico.
La nota enviada el pasado 14 de Mayo a la secretaria de Energía, María Tettamanti, tiene un tono inusualmente duro. CIARA cuestionó la legalidad del procedimiento y pidió suspender la subasta del Mercado Electrónico de Gas SA (MEGSA). El eje de la impugnación es el salto del cargo de regasificación del Gas Natural Licuado Regasificado (GNLR), que pasó de USD 3,5 por millón de BTU a USD 5,16 por millón de BTU.
La cámara que conduce Gustavo Idígoras sostuvo que el nuevo valor fue comunicado, pocas horas antes de su apertura. El cargo de regasificación es un componente central del precio final que pagan las industrias para acceder al gas importado. Según el documento, la modificación fue informada a las 16:20 para una compulsa prevista para las 16:30. Diez minutos para recalcular costos millonarios en medio de una crisis energética.
En la presentación, CIARA recordó que el propio pliego original de MEGSA había fijado un spread de referencia de USD 3,50 por MMBTU. El salto a USD 5,16 implica un sobrecosto de USD 1,66 por millón de BTU. La cámara aseguró que Enarsa nunca explicó técnicamente cómo se calculó ese incremento y advirtió que el nuevo valor «no guarda proporción con la referencia internacional».
La impugnación fue todavía más lejos. CIARA reclamó que Enarsa explique «con carácter urgente» por qué aumentó el costo de regasificación y exigió que en futuras subastas la información se comunique con al menos 72 horas de anticipación. También pidió postergar la apertura de la licitación para garantizar «condiciones de información equitativas». Traducido al castellano empresarial: el sector sospecha que algunos jugadores llegaron a la mesa con los números vistos de antemano.
Detrás de la disputa técnica aparece otra pelea mucho más profunda. El fantasma del desabastecimiento volvió a recorrer el sistema energético justo cuando el Gobierno intenta sostener el relato del superávit y del orden macroeconómico. Como contó LPO, las industrias ya venían denunciando cortes, cupos y restricciones en el suministro de gas. El protocolo de emergencia prioriza primero a los hogares, luego a las centrales eléctricas y deja a las industrias y estaciones de GNC en el fondo de la fila.
En el sector privado aseguran que el problema no es sólo climático. «El gas para el invierno se compró tarde y ahora están corriendo atrás de los barcos. Durmieron y se quedaron sin márgen para esconder el negociado», explicó a LPO una fuente del sector exportador. La frase resume el clima que atraviesa a las empresas: improvisación, tensión y costos que se disparan mientras la demanda aprieta.
La discusión por el GNL además expone otra contradicción incómoda para el Gobierno. Javier Milei prometió retirar al Estado del negocio energético, pero la importación de gas volvió a quedar en manos de Enarsa después del fracaso de la licitación para privatizar el servicio. Las traders internacionales habían presentado ofertas mucho más caras que el costo operativo estatal y Economía decidió retroceder. Pero resulta que termino convalidando precios 47% mas caros a los mismos oferentes.
La sospecha gira alrededor del mecanismo de compra y de la transparencia de las subastas. En las industrias dicen que el esquema quedó armado como una caja negra, describió una fuente del sector fabril.
El conflicto además golpea sobre un sector particularmente sensible para la generación de dólares. CIARA nuclea a las principales agroexportadoras del país, responsables de buena parte de las divisas que sostienen al Banco Central. La tensión entre el Gobierno y las cerealeras agrega ruido justo cuando Economía necesita desesperadamente dólares para atravesar el invierno sin otra crisis cambiaria.
En la nota enviada a Tettamanti, las empresas dejaron una frase que resume el malestar: «Lo que no puede hacer el sector es comprometer recursos financieros significativos sobre la base de un cargo cuya composición desconoce y cuya razonabilidad no puede verificar». En otras palabras, nadie quiere entrar a una licitación donde las cartas aparecen marcadas.
La impugnación de CIARA dejó al descubierto algo más profundo que una diferencia de tarifas. Mostró un sistema energético que funciona al borde, con importaciones de emergencia, industrias en alerta y una cadena de decisiones tomadas contra reloj. En el corazón de esa escena quedó instalada una palabra que el Gobierno intenta evitar pero que ya circula con fuerza entre empresas, «No podemos dejarle pasar otro negociado al gobierno a costa nuestra», concluyó una de las fuentes consultadas.
Fuente: LPO
