Tras una sesión maratónica, el oficialismo consiguió la aprobación del Presupuesto, pero la oposición logró bloquear el artículo que eliminaba las emergencias en Discapacidad y el financiamiento universitario. El proyecto pasó al Senado con cambios clave.
Tras una sesión maratónica y cargada de tensión, la Cámara de Diputados dio media sanción en general al proyecto de ley de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno, aunque el oficialismo sufrió un duro revés político al no poder sostener el polémico artículo 75, que buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.
La iniciativa fue aprobada en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y girada al Senado sin el capítulo XI, donde se había incorporado a último momento el controvertido artículo. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra del proyecto, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.
El capítulo rechazado incluía, además, modificaciones reclamadas por el PRO, como el cumplimiento de los actos procesales ordenados por la Corte Suprema en el litigio por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y la transferencia de 21.347 millones de pesos del máximo tribunal al Consejo de la Magistratura. Al ser votado negativamente en particular, todo ese paquete quedó sin efecto.
Tampoco prosperaron otras iniciativas clave del Gobierno: se cayeron la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares, dos de los ajustes más sensibles del proyecto original.
La Libertad Avanza logró reunir el quórum y buscó blindar el debate proponiendo una votación “por capítulos” para acelerar el trámite, pero se encontró con una muralla opositora. Desde el radicalismo hasta la izquierda y el peronismo exigieron votar artículo por artículo, una estrategia destinada a exponer cada recorte y obligar a los aliados del Gobierno a asumir públicamente el costo político.
El clima se tensó rápidamente. Desde la izquierda, Myriam Bregman denunció “extorsión con ATN” y “compra de votos” por parte de la Casa Rosada para disciplinar a las provincias. El reclamo por la votación nominal no fue técnico sino político: la oposición buscó que quienes avalaran recortes en universidades o en políticas de discapacidad debieran “dar la cara”, convirtiendo la sesión en un terreno minado donde cada artículo aprobado dejó huellas con nombre y apellido.
Fuente: Diagonales
