El diputado provincial José Gauffin ha solicitado el jury de enjuiciamiento contra los jueces de la Sala III del Tribunal de Impugnación de Salta. Estos jueces condenaron a Clemente Vera a prisión perpetua en el caso del doble crimen de turistas francesas en 2011. Vera fue liberado recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras casi 11 años de prisión. Gauffin afirmó que la liberación de Vera es una «enorme reprimenda» al Poder Judicial de Salta. Presentó el pedido de enjuiciamiento contra los jueces Luciano Martini y Rubén Arias Nallar, destacando la necesidad de un análisis profundo y revisión de la actuación del tribunal provincial.
El diputado sostiene que el Tribunal de Impugnación actuó de manera indebida al condenar a Vera a prisión perpetua en lugar de anular el fallo y ordenar un nuevo juicio. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia a prisión perpetua en diciembre, considerando irregularidades en la prueba genética.
El padre de una de las víctimas, Jean Michel Bouvier, apoyó a Vera desde el primer momento, por considerarlo inocente, y tras conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que derivó en su liberación, aseguró desde Francia, a través de un audio al que Télam tuvo acceso, sentirse «muy feliz» por la decisión del máximo tribunal salteño, aunque expresó «rabia» por la demora del Poder Judicial.
Los cuerpos de Cassandre y Houria fueron hallados el 29 de julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, a 15 kilómetros del centro de la capital de esa provincia, con signos de haber sido golpeadas, abusadas y asesinadas a tiros. Las jóvenes habían sido vistas por última vez con vida el 15 de julio, cuando fueron a recorrer el circuito turístico y sus cuerpos fueron encontrados dos semanas después, cerca del sendero principal de El Mirador. Los forenses determinaron que ambas turistas habían sido abusadas sexualmente y asesinadas de un disparo cada una con una escopeta Bataan calibre 22.
Vera era baqueano en la zona de San Lorenzo y cuando fueron hallados los cuerpos de las turistas francesas se ofreció a guiar a los policías hasta el lugar del hallazgo, pero luego, Lasi confesó que él mismo cometió el hecho, aunque involucró a Vera y a Vilte Laxi, de quienes dijo que ellos lo obligaron y lo amenazaron con armas para que las matara.
DEMANDA EN CONTRA DE LA PROVINCIA: CASO PICCOLO
Por otra parte en estos días también se presentó una novedad que llama poderosamente la atención. Se trata de una demanda que presentó el Dr. Rubén Oscar Juárez, quién representa a la esposa del Comisario Néstor Píccolo, quien fuera jefe de la Brigada de Investigaciones salteña que tenia a su cargo la investigación del crimen de las turistas francesas. El abogado manifestó que demandó a la Provincia de Salta por “daños y perjuicio” por la causa de la muerte del comisario principal. El profesional, denunció públicamente que “desde hace 5 años viene reclamando el expediente a la Fiscalía de la Provincia, sin respuesta alguna”.
El Dr. Juárez manifestó también que hizo el reclamo ante la Fiscal, en ese entonces Luján Sodero por la desaparición del expediente judicial que se tramitó en la fiscalía que ella representaba, y que se archivó como suicidio, cerrando la causa. Además, la semana pasada se le realizó la misma solicitud con carácter de urgente al Procurador de la Provincia, Pedro García Castiella sin obtener respuesta.
El argumento del abogado de la esposa del Comisario Piccolo al presentar la demanda en contra de la provincia radica en que “nunca se tuvo en cuenta el pedido de Píccolo de una licencia por las presiones que recibía por el caso del crimen de las turistas francesas”, afectándolo de manera profunda llevándolo a tomar la drástica decisión.
El expediente en cuestión habría desaparecido de la Fiscalía y contenía informes y detalles cruciales para la causa, incluso la última llamada que realiza Néstor Píccolo a su esposa, y lo que allí se trató, ya que a los pocos minutos es hallado sin vida en las inmediaciones del ex edificio de la Brigada de Investigaciones. En tal documentación se encontraban informes del lugar dónde se halló el cuerpo, el arma utilizada, detalles de la autopsia y otros datos importantes.
En aquel momento la presión ejercida por el Secretario de Seguridad Aldo Saravia, para encontrar a algún responsable del doble crimen de San Lorenzo, “provocó un desequilibrio emocional y psicológico al comisario”, según lo expresó su esposa, Liliana Plaza, teniendo en cuenta que venía solicitando licencia desde hacía 10 años.
Por otra parte, el Dr. Rubén Juárez solicitó en formato digital el expediente en la Fiscalía, obteniendo resultado negativo. En este sentido el profesional argumentó: “Yo coincido con el dictamen de la fiscal, pero debería haber averiguado porqué se suicidó, ya que hay un delito que se llama instigación al suicidio”, afirmó el letrado. El mismo sostiene que “es responsabilidad del Estado, ya que nunca atendió los reclamos de Píccolo, y en ese entonces no había un departamento que efectúe valoraciones psicológicas a los efectivos”. Asimismo el Dr. Juarez afirmó que: “Si es que no aparece el expediente se deberá hacer un proceso de reconstrucción para lo cual el Ministerio Público tendrá que poner todas las herramientas digitales ya que todas las resoluciones se llevan en un libro de protocolo”.
Fuente: Télam y 1° del Valle
