Además de los fondos previsionales que la ANSES debería transferirle a la PBA, el gobierno de Axel Kicillof le reclama a la administración de Javier Milei una deuda que en total ya supera los 15,5 billones de pesos. El detalle de cada una de las demandas que se presentaron ante la Corte Suprema
El gobernador Axel Kicillof participó este martes de una segunda audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por una deuda de casi 2,3 billones de pesos que la Provincia de Buenos Aires le reclama al gobierno de Javier Milei por las transferencias de ANSES a la Caja Previsional bonaerense.
Durante el encuentro, el máximo tribunal instó al Ejecutivo nacional a presentar una propuesta concreta de pago por los fondos adeudados el próximo 10 de junio y desde la gestión bonaerense celebraron la decisión.
«Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años”, señaló Kicillof al salir del Palacio de Justicia de la Nación.
La resolución de la Corte efectivamente implica un avance y un primer triunfo para el Gobernador bonaerense y sus peleas con Javier Milei por los fondos recortados. Sin embargo, se trata de la primera demanda ante el máximo tribunal y lejos de ser la única, el Gobierno bonaerense interpuso otros siete reclamos por recortes o interrupción de transferencias no automáticas.
Además de los fondos previsionales, el resto de las demandas corresponden a deudas vinculadas al Fondo de Fortatecimiento Fiscal Muncicipal (FOFOFI) en el contexto del Fondo de Seguridad; el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País (FCI); el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID); el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) y el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE); los Tributos locales en la facturación del servicio de gas; el Boleto Integrado; y el Consenso Fiscal 2017 (y convenio 2023).
En el caso del FOFOFI, los recursos son destinados a los municipios para la adquisición de patrulleros, equipamiento policial y tecnología para reforzar la seguridad local. En este punto, el gobierno de Axel Kicillof reclama una deuda superior a los $2.027.718 millones (2 billones).
Por el Fondo de Compensación al Transporte Público, la administración provincial presentó un pedido para declarar la inconstitucionalidad de la medida decretada en 2024 por Javier Milei que puso fin a los subdisios a las tarifas de transporte en el interior del país y solicita la restitución de más de $83.300 millones.
Por otro lado, la gestión bonaerense interpuso una medida cautelar para que la Corte ordene al Estado Nacional transferir de forma efectiva «los montos devengados a favor de la Provincia de Buenos Aires en concepto del FONID, material didáctico y conectividad desde 2023 hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva», que estiman superan los $999.897 millones.
A su vez el gobierno de Axel Kicillof planteó la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 8 del DNU 888/24, que eliminaron fondos que se transferían a las provincias para que sean destinados a la protección de bosques nativos y solicita el pago de en concepto de los recursos adeudados.
Otra de las presentaciones judiciales cuestiona la constitucionalidad de la Resolución N° 625/24 del ENARGAS, que prohibió a las distribuidoras de gas incluir tasas municipales y cargos gravámenes que estaban dirigidos a la financiación de obras públicas de infraestructura gasífera en la provincia.
La PBA también presentó un acción de amparo para que se declare la ilegalidad de la eliminación del Boleto Integrado, el restablecimiento del sistema en el AMBA y el pago de los recursos adeudados por un total de $7912 millones. En tanto, en relación a los reclamos por los fondos de ANSES, el Ejecutivo bonaerense exigió que se restablezcan las transferencias previsionales con sus actualizaciones.
Finalmente, el 30 de marzo de este año, el gobierno de Axel Kicillof elevó una octava demanda por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el Convenio 2023. La presentación fue acompañada por una medida cautelar para pedir que se de marcha atrás con la modificación del mecanismo de actualización que implementó la gestión libertaria y que, según el gobierno bonaerense, perjudicó a las arcas provinciales.
En esta oportunidad, la Provincia reclama recursos fiscales por un monto aproximado de $1,13 billones ($1.137.774.041.567), que incluye las diferencias entre 2023 y 2025 por el Fondo del Conurbano y el saldo impago del Convenio 2023.
15 BILLONES DE PESOS
Según un documento del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires al que tuvo acceso Diagonales, entre las demandas ante la Corte Suprema y la obra pública paralizada, la deuda del Gobierno nacional asciende a un total de $15.615.315 millones ( $1,6 billones a enero de 2026).
El informe detalla que ese monto comprende deudas directas con la PBA por un monto total de $3,8 billones; otros $8,7 billones, correspondientes a obras públicas; y $3,1 billones por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales.
Además de las transferencias de ANSES a la Caja Provincial y las Compensaciones del Consenso Fiscal 2017, el primero punto también incluye otros reclamos como por ejemplo $76.180 millones correspondientes a fondos de la Asistencia Financiera 2023; $77.869 millones para garantizar el cumplimiento de la Ley Salud Sexual Reproductiva N° 25.673 y la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo N° 27.610; y un acumulado $43,089 millones que debería haber percibido el Ministerio de Salud para la adquisición de medicamentos vinculados a las áres de maternidad y salud perinatal, la entrega de leche de fórmula para prematuros y recién nacidos e insumos de laboratorio para la detección de carga viral y medicamentos para tratamientos antirretrovirales a personas con VIH; entre otros recursos que fueron recortados por Nación.
En relación a la obra pública, el Gobierno provincial sostiene que a enero de este año la deuda de la administración libertaria alcanzaba los $5.188.575 millones. A ello le suma $1.462.218 millones correspondientes a 105 convenios para la construcción de 6.578 casas proyectadas en 28 municipios; una deuda de $818.599 millones por convenios incumplidos entre Nación y municipios para la realización de 755 obras; $ 350.666 millones para la construcción de 9725 viviendas en 52 municipios a través de los programas Casa Propia y Reconstruir; y $56.175 millones para la realización de 30 obras en universidades nacionales con sede en la PBA.
Además, la Provincia requiere el pago de otros $809.073 millones vinculados a obras de infraestructura escolar, obras en el Hospital SAMIC “Presidente Néstor Kirchner”, la construcción de nuevos Centros Verdes de Reciclado y centros ambientales, el saneamiento del basural a cielo abierto en Luján, planes de infraestructura penitenciaria, programas de gestión de residuos, optimización de sistemas de riego, revestimiento de canales, equipamiento y modernización tecnológica para los puertos públicos, desarrollo de Parques Industriales, obras en barrios populares, entre otras.
Finalmente, entre los $3,1 billones que se reclaman por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales se destacan los fondos destinados a la compra de alimentos para comedores no escolares, la asistencia a víctimas de violencia de género, la compra de botiquines con medicamentos para los centros de atención primaria, la entregas de medicamentos post-trasplante, refacciones y obras en clubes de barrio, la prevención de embarazos no intencionales
en la adolescencia, proyectos de innovación, entre otros.
Como se mencionó anteriormente, la totalidad del ajuste sobre la provincia de Buenos Aires suman una deuda que supera los $15 y que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año.
En un contexto en el que aumentan las necesidades sociales, aumenta la pérdida del poder adquisitivo de la población, se acelera la inflación, cierran cada vez más empresas y cae la recaudación fiscal, la presión aumenta sobra las arcas municipales y provinciales. Por eso, desde la administración provincial buscan acelerar las demandas judiciales y el propio Axel Kicillof, en un gesto política ante propios y ajenos, se puso al frente del reclamo.
A su vez, cabe recordar que a finales de marzo el gobernador Axel Kicillof anunció que coparticipará el 16,4% de los fondos que eventualmente pueda recuperar la Provincia, como parte de las disputas judiciales que mantiene con el Gobierno nacional, con los 135 municipios.
«Estamos frente a un contexto muy complejo, producto de un Gobierno nacional que provocó una enorme presión sobre todas las provincias y los municipios: además de cortar de cuajo los fondos desde que asumió, con sus políticas económicas generó una crisis que aumentó exponencialmente las necesidades del pueblo”, exclamó el mandatario bonaerense este mismo martes al salir de la audiencia en la Corte Suprema de Justicia.
“El resultado es concluyente: con menos recursos tenemos que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones y la situación económica se deteriora”, completó.
Fuente: Diagonales
