El gobierno envío al congreso un proyecto que grava con una alícuota del 15% operaciones de acciones extranjeras. En el gobierno culparon a Sturzenegger.
El Gobierno de Javier Milei desató una rebelión en las bases libertarias por incluir en un proyecto de ley un impuesto del 15% a las ganancias obtenidas con los Cedears, uno de los instrumentos de inversión más utilizados por los ahorristas argentinos. La propuesta provocó una reacción furiosa y terminó con un anuncio de retirada del equipo económico.
La iniciativa apareció en el proyecto de Ley de Competencia Financiera impulsado por el Gobierno. El texto propone modificar el tratamiento tributario de los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears), que permiten comprar desde el mercado local activos vinculados a empresas extranjeras como Apple, Nvidia o Coca-Cola, sin necesidad de abrir una cuenta de inversión en el exterior.
La modificación consiste en alcanzar con el impuesto a las Ganancias, mediante una alícuota del 15%, los resultados obtenidos por la compraventa de estos instrumentos. Se trata de una actividad que actualmente cuenta con una exención para las personas humanas que cumplen las condiciones previstas en la legislación.
La propuesta buscaba equiparar el tratamiento de los Cedears con el de otros activos financieros que ya tributan Ganancias. En el gobierno aseguraban que había sido un pedido de Jorge Macri para compensar las deudas que tiene la Nación con los pagos de la coparticipación a la Ciudad.
Pero la iniciativa desató un problema político inmediato. El gobierno que construyó su identidad alrededor de la eliminación de impuestos quedó expuesto ante sus propios seguidores por intentar gravar uno de los instrumentos favoritos de los inversores minoristas.
Jorge Macri participó de la conferencia de la UIA que encabezó Toto Caputo
La primera reacción llegó desde las cuentas financieras que habitualmente defienden las políticas económicas de Milei y Luis Caputo. El usuario conocido como El Oráculo de Trenque Lauquen cuestionó duramente al responsable de la iniciativa. «El que mando el proyecto para taxar los cedears con 15%… no se puede ser tan mogólico (sic)», posteó.
«Milei se tiene que sacar un brazo como prometió», decían los libertarios enfurecidos en los grupos de Whatsapp, recordando que el presidente había dicho que se cortaría un brazo antes de subir un impuesto.
La protesta se extendió rápidamente. Alan Riedmaier cuestionó el proyecto y advirtió sobre las consecuencias de gravar los Cedears. La cuenta Traductor fue todavía más lejos y comparó la iniciativa con el impuesto a la renta financiera que impulsó el gobierno de Mauricio Macri. En su publicación sostuvo que el proyecto recuperaba una política tributaria que atribuía a Sergio Massa en 2018 y que Macri terminó incorporando en 2019. El mensaje cerraba con una exigencia: «No debe salir».
La comparación golpeó sobre una fibra sensible del oficialismo. Los libertarios habían convertido al impuesto a la renta financiera en uno de los símbolos del intervencionismo que prometían combatir. Ahora se encontraban discutiendo una propuesta de su propio gobierno que recuperaba una carga tributaria sobre inversiones financieras. La discusión dejó de ser exclusivamente técnica y se transformó en una disputa por la identidad económica del mileísmo.
La discusión, sin embargo, también encontró defensores de la propuesta. El economista conocido como Juancito Nieve, sostuvo que era razonable igualar el tratamiento impositivo de un Cedear de Apple con el de una acción de Apple comprada directamente en el exterior. «Qué sentido tenía el gasto fiscal ese?», preguntó. Y agregó otra cuestión de fondo: por qué el Estado debía incentivar mediante una exención la formación de activos en el exterior. Para el economista, el proyecto avanzaba en la dirección correcta.
Lo interesante es que Juancito Nieve lanzó una advertencia sobre la principal empresa argentina que cotiza en el exterior: «Creo que no les tengo q recordar cual es el ‘cedear’ que cotiza como acción, no?». La referencia era a YPF, cuyas acciones también se negocian en Nueva York. Su argumento era que algunas críticas al proyecto podían responder a estrategias de cobertura antes que a fundamentos económicos.
Los números ayudan a entender la dimensión de la disputa. Daniel Osinaga publicó una comparación del volumen operado en acciones y Cedears durante septiembre de los últimos tres años. En septiembre de 2024, las acciones movilizaron 1.100 millones frente a 980 millones de los Cedears. Un año después, las cifras habían pasado a 2.500 millones y 3.200 millones, respectivamente.
El salto más importante apareció en septiembre de 2026. Mientras el volumen de acciones retrocedió a 1.500 millones, el de Cedears trepó a 6.800 millones, según los datos difundidos por Osinaga.
Es decir, los certificados multiplicaron casi por siete su volumen respecto de septiembre de 2024 y concentraron más del 81% de la negociación conjunta de ambos instrumentos en la comparación presentada.
Los datos muestran el desplazamiento del interés inversor hacia activos vinculados al exterior. La tendencia también expone un problema estructural del mercado argentino. Una parte creciente del ahorro financiero busca refugio en empresas extranjeras, mientras las compañías locales encuentran dificultades para atraer capital. El beneficio impositivo favorece esa elección, aunque su eliminación no resuelve por sí sola las razones económicas que llevan a los inversores a preferir activos externos.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno planteó precisamente esa diferencia. Sostuvo que la legislación vigente permitía aprovechar una exención local para invertir indirectamente en activos extranjeros que estarían gravados si fueran adquiridos de manera directa. La propuesta buscaba terminar con ese tratamiento diferencial. El artículo 230 establecía que la modificación alcanzaría a los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026. No gravaba la tenencia ni el capital invertido, sino la ganancia obtenida al venderlos. Los dividendos, por su parte, ya estaban alcanzados por Ganancias.
Pero la explicación económica no alcanzó para contener el conflicto político. Entre los usuarios que reaccionaron apareció Nacho, de la cuenta @nachoFNC, que reclamó ordenar la situación y comparó la iniciativa con las políticas de Marcos Peña. El mensaje sintetizaba el malestar de una parte de los seguidores del Gobierno, que interpretaron la medida como una traición a las promesas de reducción de impuestos.
Fue entonces cuando apareció Santiago Caputo, que salió a atribuirse la marcha atrás. El asesor presidencial respondió a uno de los cuestionamientos con apenas cuatro palabras: «Dame un toque». El mensaje, publicado a las 18.37, se viralizó rápidamente y fue interpretado por los usuarios como una señal de que el Gobierno había tomado nota de la protesta.
La intervención de Caputo agregó una dimensión interna al conflicto. La propuesta había quedado asociada en las redes con funcionarios del armado de Karina Milei, mientras el asesor presidencial aparecía intentando contener a las bases digitales del oficialismo. Una discusión tributaria terminó convertida en otro episodio de las internas que atraviesan al gobierno.
«Es toda de Sturze. Pero lo llevó a la mesa política. Lo validaron. Vieron la repercusion negativa, y se cagaron», sintetizó a LPO una fuente de la Rosada.
Curiosamente el encargado de ponerle el rostro a la marcha atrás fue Felipe Núñez, que en sentido estricto no es funcionario del ministerio de Economía, sino director del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Sin embargo, ante los cuestionamientos de Alan Riedmaier, Núñez respondió: «Alan querido, quedó de un borrador viejo. Se va a retirar!». La respuesta fue celebrada de inmediato por Riedmaier, que contestó: «Bien ahí!!».
«Cada vez que se mandan una cagada dicen que es un borrador», se quejaron en la Cámara de Diputados y recordaron que pasó lo mismo con el Presupuesto.
La secuencia dejó una situación difícil de explicar: una modificación impositiva incluida en un proyecto de 240 artículos enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo era presentada, horas después de desatar el escándalo, como un resto de un borrador anterior. La aclaración de Núñez anticipó la decisión política de retirar el artículo, aunque todavía debe traducirse en una modificación formal del texto legislativo.
Felipe Núñez
El episodio dejó expuesta la fragilidad de una iniciativa que pretendía corregir una diferencia tributaria, pero chocó con el rechazo de los propios inversores que sostienen el discurso económico oficial. La rebelión también reveló los límites de la retórica contra los impuestos cuando afecta intereses concretos. Entre los libertarios más propensos a la hipérbole definieron el suceso como el «Vicentín de Milei».
El Gobierno había encontrado argumentos para cuestionar una exención que favorece la inversión en activos extranjeros. Pero cuando la discusión llegó a las cuentas comitentes de sus seguidores, la prioridad dejó de ser la consistencia tributaria. Alcanzaron un mensaje de Santiago Caputo y una respuesta de Felipe Núñez para anunciar que el impuesto quedaba en retirada.
No obstante, el retroceso de Felipe Núñez deja abierto un problema para el Gobierno. Según fuentes parlamentarias, el oficialismo no puede retirar unilateralmente la iniciativa una vez que ingresó al Congreso. El artículo 125 del Reglamento establece que ni el autor ni la comisión que haya despachado un proyecto pueden retirarlo sin una resolución de la Cámara. Es decir, el Gobierno puede pedir que se retire, pero necesita los votos para conseguirlo.
El problema es que, mientras el oficialismo busca despegarse de la propuesta, sectores del peronismo están reuniendo voluntades para aprobarla. La marcha atrás de Núñez podría terminar en una situación insólita: que la oposición convierta en ley un impuesto que el propio Gobierno propuso y después quiso enterrar.
Fuente: LPO
