La variable crítica que puede hacer implosionar al modelo económico de Javier Milei es la continua caída de los ingresos fiscales. Es una situación riesgosa, en especial, porque el recorte del gasto público tiene pisos infranqueables que impiden realizar nuevos ajustes sustanciales, como al comienzo de la gestión para sostener el equilibrio fiscal.
La inconsistencia más grave se verifica en las partidas impositivas que aportan más recursos fiscales y que, a pesar de haberse mantenido inalteradas sus alícuotas, se hunden. Se trata de los impuestos a las Ganancias, a los créditos y débitos bancarios (más conocido como impuesto al Cheque) y el IVA, que sumados representan el 90% de la recaudación de impuestos total de la Nación en base a datos del ARCA. Computados también los ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social y los derechos sobre el comercio exterior, explican el 61% de la recaudación.
Los recursos por esas tres partidas se contrajeron un 12,04% entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026, descontando el efecto de la inflación. La reducción más fuerte fue la del IVA, que acumuló una baja del 14,12%. La recaudación por Ganancias ocupó el segundo peor desempeño con una merma del 11,09% y la del impuesto al Cheque perdió un 5,11%.
Esos resultados negativos podrían resultar paradójicos en una economía que, según el INDEC, creció un 4,24% en el primer cuatrimestre de 2026 respecto al mismo período de 2023 (los datos del primer semestre completo de 2026 aún no están disponibles). La razón que explica ese fenómeno es la contracción del consumo masivo y la mayor informalidad derivada de un modelo que pone contra las cuerdas a los trabajadores y a la gran mayoría de las empresas que, ahogadas por costos crecientes, disminución de la demanda y pérdida de rentabilidad, registran formalmente cada vez menos operaciones para evitar la presión impositiva y subsistir.
La performance observada revela, además, que los sectores ganadores en los dos últimos años y medio (el agro de extensas superficies, la minería, los hidrocarburos y el sector financiero) no sólo tienen muy bajas capacidades de generación de empleo formal y distribución equitativa del ingreso, sino que producen un impacto recaudatorio pobre. La bonanza de esas áreas de la economía no alcanza a compensar los menores ingresos del sector industrial, de la construcción, del comercio, del turismo y de las economías regionales, entre otros rubros castigados por la política económica.
Para sostener el superávit fiscal, al gobierno no le alcanzó con intensificar el uso de la motosierra. También recargó en múltiples oportunidades y en contra de su discurso liberal el impuesto a los combustibles. Éstos pasaron de representar el 2,05% de la recaudación de impuestos nacionales en el primer semestre de 2023 al 4,25% en igual lapso de 2026.
A Milei no pareció importarle que ese gravamen tenga un impacto acumulativo perjudicial sobre las cadenas de valor y sea mucho más hostil en contra de la producción y de la competitividad que otras partidas que redujo, como los impuestos a los bienes personales o a los vehículos de lujo. Es un evidente sesgo en contra de la actividad productiva y una clara muestra de que el gobierno opera enfocado en favorecer a algunos grupos de poder que tienen una enorme voracidad y son impunes.
De hecho, con la estructura tributaria vigente y el esquema de precios relativos que impulsó, existen actividades, como la de la construcción, que mantienen un nivel de actividad mínimo básicamente porque permiten invertir recursos no declarados al fisco. Tan desequilibrado y en contra de la producción se encuentra el esquema de precios relativos que comprar viviendas de pocos años de uso es considerablemente más económico que construirlas.
El bajón de la recaudación de los tres mayores tributos nacionales, sumado a los recortes y eliminaciones de alícuotas para sectores de altos ingresos, implicó que la recaudación total por impuestos nacionales se contrajera un 13% entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026.
Por su parte, los recursos fiscales totales, a los que corresponde agregar los aportes y contribuciones a la seguridad social y los derechos y aranceles sobre el comercio exterior, bajaron un 10,59% en los últimos tres años. Esta caída fue menor que la recaudación de impuestos fundamentalmente por el efecto de la desactualización de mínimos no imponibles y deducciones por aportes patronales y contribuciones sociales en un contexto de alta inflación.
Así, esa partida tuvo una reducción en la recaudación de sólo el 1,7%, a pesar de la destrucción de 308.471 puestos de trabajo asalariados formales registrados en el gobierno de Milei, con datos disponibles hasta abril pasado de la Secretaría de Trabajo de la Nación. La ponderación de esa inferior disminución es relevante porque la partida representó el 26% de la recaudación tributaria total en el primer semestre de 2026 (en 2023 explicaba el 23%).
Lo peligroso también es que la dinámica de crecimiento de la informalidad en el mercado laboral, en un escenario donde ya casi no hay margen para generar mayores ingresos derivados de aportes patronales y contribuciones a la seguridad social, seguirá erosionando la capacidad recaudatoria. Esta fragilidad fiscal es un fuerte obstáculo para la continuidad de un resultado equilibrado de las cuentas públicas que, artilugios contables y financieros mediante, le ha permitido exhibir al gobierno un superávit hasta ahora.
Pero, si el modelo no se modifica, implicará mayores agujeros más difíciles de maquillar y no será suficiente para su sostenimiento con perjudicar a los jubilados, pensionados, empleados públicos, las universidades, la ciencia y la tecnología, las provincias y la infraestructura pública del país. Una cosa era recortar recursos públicos desde una situación de relativa normalidad y otra cuando las partidas ya son acotadas y, como en el caso de las universidades, el gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario para tratar de mantener la bandera de equilibrio fiscal.
Ahora bien, a diferencia de los problemas de precarización laboral o del incremento de la desigualdad, la erosión de la capacidad recaudatoria puede tener un impacto generalizado en la economía que trascienda lo sectorial. Es decir, hay dificultades macroeconómicas que padecen directamente solo algunos sectores como el desempleo y otras que son transversales como la inflación.
La caída de la recaudación puede convertirse en el talón de Aquiles del esqueleto económico porque el sustento de credibilidad de Milei tiene su base de apoyo, desde la visión de sectores de poder que lo respaldan, en el equilibrio fiscal. Si el gobierno no encuentra vías alternativas de sostenimiento de la recaudación, con una motosierra que empieza encontrar mayores rigideces para seguir ajustando y con crecientes requerimientos de pago de deuda por el aumento de la cuenta de intereses y capital, los grupos financieros especulativos que apalancan su negocio sobre sus expectativas podrían empezar a oler sangre. Una eventual salida abrupta de capitales podría desencadenar tensiones irreversibles nuevamente en los frentes cambiario y financiero y, por lo tanto, que la inflación vuelva a descontrolarse.
Es por ese motivo que, bajo una dinámica de contracción de las mayores partidas de impuestos, el resultado de la elección de medio término en Estados Unidos en noviembre próximo será determinante del futuro económico y político nacional. Una derrota del gobierno de Donald Trump implicaría mayores resistencias para asistir otra vez a un modelo en decadencia que pudo resistir por ese apoyo preelectoral en 2025.
En definitiva, como en la Convertibilidad o durante el macrismo, el esquema se asienta sobre una base flácida, dependiente de las expectativas en el frente financiero, que tuvo la fortuna de coincidir con la maduración de las inversiones públicas para la explotación energética y que puede aprovechar también la revalorización de los minerales. Es un nuevo viento de cola, pero que barre con la producción industrial, la clase media, hace todavía más informal al sistema y lo más contraproducente es que debilita sostenidamente al Estado para liderar un futuro proceso de reconstrucción de las capacidades productivas.
Fuente: LPO
