El proyecto del Gobierno enfrenta a las provincias productoras de biocombustibles, las pymes denuncian que la reforma beneficia a Santa Fe y Córdoba.
Axel Kicillof trabaja en un régimen de Compre Bonaerense para sostener a las pymes del biodiésel frente a la reforma de biocombustibles que impulsa Federico Sturzenegger. La iniciativa nacional, con media sanción del Senado, abrió una pelea entre las provincias que producen biodiésel que denuncian que con el nuevo régimen pierden mercado frente a las grandes aceiteras y al mismo tiempo, las que fabrican bioetanol de caña de azúcar y maíz conserva la protección.
La respuesta bonaerense apunta a incentivar que las refinerías de La Plata, Campana, Dock Sud y Bahía Blanca prioricen el biodiésel de plantas provinciales. Los impulsores estiman que podrían disputar unas 500 mil toneladas anuales mediante beneficios impositivos y contratos de abastecimiento:
«El combustible se refina en Buenos Aires, se consume en Buenos Aires y las diez plantas de biodiésel que la ley nacional deja sin mercado también están en Buenos Aires», explicaron fuentes al tanto de las conversaciones.
La defensa de las fábricas creó un frente común entre legisladores del PRO y el kirchnerismo. Mientras el gobierno provincial prepara el régimen, el presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, presentó un proyecto de declaración para solicitar medidas de protección a la producción y el empleo, una transición y mejoras de competitividad.
Las conversaciones también habrían despertado interés en La Pampa y San Luis, mientras el pampeano del PRO Martín Ardohain reclamó incorporar la comisión de Agroindustria, que preside, al debate en Diputados.
El conflicto está en el reparto del mercado. Según el análisis de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), el proyecto eleva del 7,5% al 10% el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil, pero reduce progresivamente el segmento reservado a las empresas no integradas hasta el 4% en 2031 y lo elimina en 2036.
En cambio, sostiene la Cámara, el bioetanol que se mezcla con las naftas pasaría del 12% al 15%, con seis puntos garantizados a la caña de azúcar y seis al maíz durante toda la vigencia de la ley.
Axel junto a productores pymes de biocombustibles
«No podemos aceptar que para mejorar la situación de las provincias que hacen bioetanol empeoremos la situación de las que hacen biodiésel condenando a la quiebra a sus pymes», cuestionó Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB.
Según el dirigente, las pymes de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Entre Ríos elaboran el 65% del biodiésel del país y rechazan el proyecto. También afirmó que los gobiernos bonaerense, pampeano y puntano están en contra: «La Libertad Avanza puede tener mayoría, pero consenso no».
La disputa atraviesa la Liga Bioenergética, que había reunido a ocho provincias para impulsar una legislación común. Ahora, las pymes cuestionan que el nuevo régimen beneficia a las provincias del NOA que producen bioetanol y a Córdoba y Santa Fe con el ingreso de las grandes aceiteras al mercado interno del biodiésel.
La pelea también cruza al peronismo, donde legisladores santafesinos podrían acompañar la reforma, y expone los intereses contrapuestos dentro de Santa Fe, donde conviven productores de bioetanol, pymes de biodiésel y grandes aceiteras.
CEPREB sostiene que la apertura beneficia a seis grandes aceiteras del polo rosarino que producen su propio aceite y también abastecen a las pymes con las que competirían. Hasta ahora, las exportadoras no podían volcar su producto al mercado interno y se les reservó los cupos exportables.
Federico Martelli presidente de CEPREB
Según la cámara, el aceite de soja es el principal insumo y representa el 80% del costo del biodiésel. Las plantas regionales deben comprarlo y afrontar el flete, mientras que las compañías integradas operan a mayor escala.
Por eso, el plan bonaerense busca aprovechar la cercanía entre fábricas y refinerías para disputar ese negocio con incentivos fiscales y contratos a término.
Por otro lado, CEPREB propone como alternativa llevar el corte al 12,5%, reservando cinco puntos para las pymes regionales y 2,5 para las empresas no integradas de Rosario y otros cinco de libre mercado, y mantener los segmentos durante toda la ley.
La cámara calcula que, si la porción protegida cae al 4%, el volumen anual disponible para las pymes bajará de 902.700 a 481.440 toneladas. Bajo ese escenario, proyecta que cerrarían 14 de las 25 plantas del país, nueve de ellas en Buenos Aires.
Fuente: LPO
