La presentación judicial cuestiona la postergación del nuevo índice del INDEC y advierte sobre un posible impacto en jubilaciones, paritarias y otros indicadores clave de la economía. También se apunta a una supuesta vulneración del secreto estadístico.
Los diputados nacionales de Unión por la Patria Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca presentaron este viernes una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas irregularidades que, según sostienen, alteraron el normal funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La presentación judicial apunta a la decisión del Gobierno de postergar la aplicación del nuevo método de medición de la inflación, que el organismo tenía previsto implementar desde enero de 2026. De acuerdo con lo expresado por Strada en redes sociales, la denuncia incluye acusaciones por violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y deberes de confidencialidad, falsificación de documentos públicos y vulneración del secreto estadístico contemplado en la ley 17.622.
La diputada señaló que Caputo “ordenó mantener el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) basado en componentes desactualizados”, pese a que en octubre de 2025 el INDEC había resuelto comenzar a aplicar una nueva metodología. Según su interpretación, la decisión oficial busca demorar el cambio hasta que finalice la recomposición tarifaria, lo que, afirmó, tendría un impacto directo en los precios al consumidor.
Desde la oposición advierten que la medida podría tener consecuencias económicas y sociales, dado que el IPC incide en la actualización de jubilaciones, pensiones, asignaciones y en las negociaciones paritarias tanto del sector público como privado.
La denuncia también cuestiona un posteo del ministro en el que difundió la inflación de enero calculada con ambos índices. Para los legisladores, esa publicación implicaría una violación del secreto estadístico, al tratarse de datos que no habían sido oficialmente divulgados.
Strada remarcó que el IPC es uno de los indicadores centrales del sistema estadístico nacional y subrayó que la normativa vigente busca garantizar la independencia técnica del organismo, evitando interferencias políticas en la producción y difusión de datos oficiales. “Tenemos la responsabilidad de velar por ese cumplimiento”, concluyó.
Fuente: Diagonales
