Hornos y Borinsky, dos jueces que visitaban Olivos, avalaron el dictamen del fiscal Pleé, que desistió de sostener la investgicación.
A esta altura, el tándem judicial-mediático macri-mileísta ni disimula que funciona como un mecanismo de relojería. Lo que sucedió con la causa sobre el acuerdo con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri es una muestra acabada de ese funcionamiento y de cómo operan los mecanismos vigentes para blindar a funcionarios y exfuncionarios. Aunque era una crónica anunciada, este lunes llegó el desenlace: la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso el archivo del expediente sobre las irregularidades en la toma de deuda por 57.100 millones de dólares y la posterior fuga de capitales. La decisión fue firmada por dos de los jueces que visitaban al expresidente, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, a quienes se sumó Javier Carbajo. Lo hicieron al dejar firme un dictamen de otro fiscal que figuraba entre las visitas a Olivos, Raúl Pleé, quien la semana pasada decidió no sostener la apelación de sus colegas de instancias inferiores, que planteaban que la investigación debía continuar.
Los principales beneficiarios del cierre de esta causa –que solo podría reabrirse si alguien presenta hechos distintos o nuevos respecto de los ya investigados– son el actual ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el propio Macri, entre otros. Los tres primeros, investigados por sus responsabilidades durante aquella gestión, se las ingeniaron para reciclarse en el Gobierno actual. Por eso, el desenlace también es una buena noticia para la administración libertaria, que ha logrado alinear con sus pretensiones a un importante sector de los tribunales federales de Comodoro Py.
El fallo
La resolución de Casación era, en cierto modo, previsible, más allá de los jueces que la firmaron, desde el momento en que el fiscal Pleé decidió no respaldar las apelaciones de sus colegas Franco Picardi (quien llevó adelante la investigación en primera instancia) y José Agüero Iturbe (quien recurrió ante la Cámara Federal). La causa se inició en 2019 y Picardi logró reunir un importante abanico de pruebas. Recién este año, en febrero, justo cuando el Gobierno decidió retirar la querella del expediente, la jueza María Eugenia Capuchetti firmó una resolución en la que consideró que correspondía cerrar el caso porque se trataba de una cuestión de política económica no judiciable y la fiscalía no había demostrado la existencia de delitos.
Apenas se configuró la “nueva” Sala I de la Cámara Federal, con la incorporación de Pablo Yadarola y la regularización de Pablo Bertuzzi (designado a dedo por Macri en 2018), el tribunal confirmó lo resuelto por Capuchetti, sin la firma del primero, pero con la de Mariano Llorens.
La Cámara de Casación dedicó la mayor parte de su resolución a descalificar las presentaciones de un particular, Antonio Conrado De Martino, quien intentó recusar a los miembros del tribunal y a Pleé, además de adherir al recurso de la fiscalía de la instancia anterior. El hombre se presentó ante la falta de querella y la evidente ofensiva contra la investigación. Los jueces de Casación no solo rechazaron su planteo, con el argumento de que la Cámara Federal ya había establecido que no era parte del expediente, sino que también cuestionaron los términos de la presentación y la actuación de su letrado patrocinante, Nicolás Roberto Corbetto Norese. Incluso formularon una denuncia ante el Colegio Público de Abogados “a fin de que en lo sucesivo ajusten sus expresiones a las exigencias de respeto y decoro propias de la actuación judicial”.
Por lo demás, Borinsky, Hornos y Carbajo se limitaron a dejar firme el dictamen de Pleé, que desistió de sostener la acusación. Este fiscal, además, fue integrante de la Comisión Asesora en Seguridad Deportiva de Boca en tiempos de Macri.
Como informó este diario, Pleé sostuvo, desde el punto de vista jurídico, lo mismo que Capuchetti, a quien defendió con uñas y dientes, al igual que a los camaristas Llorens y Bertuzzi: que la toma de deuda con el organismo de crédito no se podía judicializar. De todos modos, aseguró haber revisado las pruebas obtenidas y concluyó que “no se ha infringido norma penal alguna, de modo que no corresponde continuar con el trámite de las actuaciones”, un planteo opuesto al del fiscal Picardi.
La acusación que no fue
La deuda que tomaron Macri y Caputo con el FMI en 2018 fue la más alta de la historia del organismo de crédito. La investigación judicial se enfocó en dos ejes: las características del endeudamiento y el destino de los fondos. Como explicó Página/12:
Picardi sostuvo siempre que se contrajo una deuda insostenible por 57.100 millones de dólares y que los funcionarios sabían que era impagable. También planteó que burlaron la Constitución Nacional, las leyes y las normas que regulan la administración pública en materia de crédito para eludir controles. Según el fiscal, el gobierno de Macri utilizó argumentos falsos y engañosos sobre los objetivos de la operación y los usos que se les daría a las divisas (bajar la inflación, reducir la pobreza, crear empleo). No hubo dictámenes técnicos del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos; se omitió un decreto del Poder Ejecutivo que diera transparencia y aprobara la operación, y tampoco se les dio intervención a la Jefatura de Gabinete ni al Congreso.
El fiscal mostró también que los imputados dieron un destino ruinoso a los fondos obtenidos, profundizaron un proceso de fuga de capitales y beneficiaron a grupos privados concentrados, todo en perjuicio del erario público. Esto incluía, según señalaba, “la posible obtención, en ese marco, de beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales”. Acusaba a los funcionarios de administrar las divisas en forma discrecional y fraudulenta, al imposibilitar su control y trazabilidad.
La acusación se basaba, además, en informes demoledores de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Este último organismo cuantificó el perjuicio al Estado en por lo menos 29.618 millones de dólares. Pleé eludió referirse a ese análisis y, respecto del informe de la AGN, solo reparó en las diferencias de opinión entre sus integrantes, sin mencionar que las conclusiones del estudio eran contundentes.
El cierre de esta causa llega, además, mientras el dispositivo mediático-judicial macri-mileísta intenta apurar la instalación del nuevo juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo (Hotesur-Los Sauces). Los jueces de Casación y Pleé son los mismos que fueron tomando decisiones estratégicas para acorralar a la expresidenta en otros casos, como el del Memorándum. Todo coincide con un momento de buenas encuestas para el peronismo.
Fuente: Pagina 12
