Tras meses de desgastar al Gobierno con el escándalo Adorni, el conglomerado de medios más concentrado de la Argentina logró que el Poder Ejecutivo habilitara la compra de Telefónica por parte de Telecom, compañía controlada por el Grupo Clarín. Así se mantiene una ley indoblegable: con casi todos los gobiernos desde 1976 siempre crecieron colosalmente.
Quedará en el terreno de los asesores de Javier Milei, principalmente, en el equipo de comunicación de Santiago Caputo, resolver cómo un gobierno nacional que se puso como uno de sus principales enemigos públicos a uno de los dueños de la Argentina y que comanda la Asociación Empresaria Argentina (AEA) ahora tiene que dar una vuelta en el aire su discurso para intentar quedar lo menos en offside posible.
Aunque el Presidente mantenga como tuit fijado una oda contra el Grupo Clarín y su CEO Héctor Magnetto, y todo el aparato de redes sociales y operadores mediáticos “libertarios” intenten mostrar que fue el Gobierno el que marcó la cancha con condicionamientos para autorizar que Clarín se quede con Telefónica, todo parece indicar que es al revés.
En la previa del Dia del Padre, Magnetto mostró quien manda y quedó a tiro de una firma del ministro de Economía Luis Caputo de plasmar un caso de megaconcentración infocomunicacional sin precedentes, con la adquisición hacia Telecom Argentina (controlado accionariamente por Clarín) de Telefónica Móviles Argentina.
La operación, que concentra las marcas Personal y Movistar en un mismo operador. Como plantea el especialista en telecomunicaciones e industrias culturales Martin Becerra, con esta autorización oficial, Clarín pasará a ser el único grupo que ofrece servicios convergentes (fijos y móviles) en todo el país.
El tímido “condicionamiento estructural y conductual” que proclama el Tribunal de Defensa de la Competencia, en base a un informe del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) tiene como correlato un nuevo esquema de con concentración en el mapa de las telecomunicaciones. Se sostiene que, con esta operación, se “reduce a dos los operadores de red móvil independientes del país”.
“Antes de la operación, el mercado nacional tenía tres jugadores: AMX (Claro, 41,8%), Telecom (Personal, 33,8%), y Telefónica (Movistar, 24,4%). Con la concentración, el operador resultante alcanzaría el 58% del mercado y AMX (Claro) quedaría con el 42%. De no mediar remedios estructurales, la operación crearía un duopolio en servicios de comunicaciones móviles (voz, SMS y datos)”, sostuvieron las autoridades.
La “receta” del Estado nacional para evitar esa concentración plantea que “Telecom deberá transferir a un adquirente independiente una base de 6.000.000 de clientes móviles activos: 4.000.000 en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 2.000.000 en el resto del país”.
Parece ser todo un vuelto para Clarín, ya que el mercado con el que cuentan Telecom y Telefónica sumados concentra a 40 millones de clientes.
Otra de las “suaves” condiciones que el Tribunal le impone a Telecom es que debe llevar adelante una desinversión de la cartera de abonados de Telefónica (Movistar) en 28 localidades de cinco distritos —Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro—, por un total de 211.400 abonados.
Otro vuelto, si se tiene en cuenta que ambas compañías suman 5.700.000 clientes. De acuerdo a los datos relevados por el especialista Agustín Espada, solamente en la provincia de Buenos Aires Telecom y Telefónica concentran más del 50% del mercado de banda ancha en 74 localidades.
Nada dice el comunicado de la Agencia Nacional de Comunicaciones sobre el colosal negocio del Grupo Clarín en el segmento de cableoperadores. En este mercado, el servicio de Flow cerró el 2025 con una base de 3.100.000 de hogares en todo el país, quedándose con la mitad del total de abonados, y buscando su expansión como plataforma de entretenimiento más amplio.
UNA VICTORIA MÁS, Y VAN…
Las especulaciones en torno a las presiones político-mediáticas de parte del Grupo Clarín para con el Poder Ejecutivo, que desde marzo ejecuta una furibunda crítica contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por el escándalo patrimonial y de gastos que el funcionario no puede explicar cabalmente, forman parte de un capítulo más de aquel refrán que indica que ningún Gobierno resistía cuatro tapas críticas de Clarín.
Desde la dictadura de 1976 a la fecha, salvo en un caso, con todos los gobiernos, Clarín se llevó codiciados botines.
El caso de Papel Prensa es emblemático. La empresa creada durante la dictadura de 1966 de Juan Carlos Onganía, con el objetivo de sustituir las importaciones de papel de diario fue objeto de controversia cuando, ya durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla se realizó la compra de la compañía que quedó a finales de 1976 en un 49% en manos del diario Clarín, un 22% por el diario La Nación y un 27% por el Estado Nacional.
La denuncia realizada por parte de Lidia Papaleo de Graiver, esposa David, empresario y dueño de la empresa asociada con el Estado en papel Prensa, que había perdido la vida en un vuelo hacia México en agosto de 1976, indicaba que el traspaso de acciones bajo presiones y amenazas.
La acusación de la viuda apuntó a Héctor Magnetto, al que acusó de haberla amenazado directamente. En palabras de Lidia, Magnetto le dijo que, de negarse a firmar el traspaso accionario, correría peligro su vida y la de su pequeña hija. A principios de 1977, ya firmado el traspaso accionario hacia Clarín y La Nación, Papaleo fue secuestrada por un grupo de tareas y fue torturada y violada.
Con el advenimiento democrático, Clarín siguió con su plan de constituirse como uno de los principales jugadores políticos de la Argentina. El principal punto de conflicto entre Raúl Alfonsín y la empresa fue la presión de Clarín para que se derogara el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión. En esa normativa se prohibía a los diarios poseer licencias de radio y televisión.
Alfonsín bregó por una regulación del sector y se encontró con una tarea de desgaste permanente por parte del grupo mediático que tuvo una cobertura crítica del gobierno radical.
Fue durante la presidencia de Carlos Menem que la compra de Radio Mitre por parte del Grupo Clarín en 1986, se legalizó y fue blanqueada. Durante el gobierno menemista, Magnetto se vio beneficiado con el decreto 1005/99, con el que se habilitaba una flexibilización legal que elevaba de 4 a 24 el límite de licencias de radio y televisión que un solo operador podía tener.
Se trató del periodo en el que Clarin avanzó con el mercado del cable. Se legalizó la concentración y expansión de Multicanal.
El Grupo llegó al final del siglo XX con otras ayudas del poder político. Fue beneficiado con una condonación de deudas, mediante un decreto que perdonó a Artear (Canal 13) por más de $310 millones en concepto de gravámenes y multas impagas al Estado. También le permitieron exenciones impositivas de hasta el 50% en impuestos para Multicanal y Artear entre 1998 y 2000.
Tras la debacle político- institucional del 2001 y la brusca salida de la Convertibilidad, Clarín se vio nuevamente favorecido con el plan de pesificación asimétrica, establecida por Eduardo Duhalde en 2002.
Con esta medida, el Grupo pudo afrontar sus deudas contraídas en dólares a una relación de $1 peso por dólar, mientras que sus activos quedaron valuados a un valor mayor, licuando drásticamente su abultado pasivo.
Otro triunfo de ese periodo se produjo con la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, promovida por el Ejecutivo e impulsada en el Congreso. Bajo esta normativa, se protegió al multimedio de ser ejecutado por sus acreedores extranjeros, por la declaración de los medios de comunicación como «bienes culturales», lo que evitó que se aplicara el mecanismo de quiebra tradicional que permitía a los bancos tomar el control accionario de la empresa como parte de pago por las deudas acumuladas.
Con Néstor Kirchner ya en la presidencia, Clarín tuvo primero una buena relación que le valió nuevas ayudas. En 2005, el gobierno emitió el Decreto 527/2005, por el que se otorgó una extensión automática de 10 años para todas las licencias de radio y televisión que estaban por vencer.
Pero el mayor beneficio para el Grupo llegó con la autorización y homologación de la fusión entre Multicanal y Cablevisión en diciembre de 2007, que fue aprobada por el entonces secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Con esta medida, el holding pudo consolidarse como el operador de televisión por cable más grande de Argentina y uno de los principales de la región.
El hiato histórico de concesiones del Estado nacional para con Clarín fue en los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, que, a diferencia de sus predecesores, mantuvo un enfrentamiento histórico. En esa época, el kirchnerismo impulsó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 para limitar la posición dominante del multimedio y declaró la nulidad de algunas de sus asambleas de accionistas.
CFK es aun hoy el principal blanco de Clarín desde entonces y el Grupo tuvo un rol central en las acusaciones judiciales contra la expresidenta que hoy cumple condena en San José 1111.
Con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, se produjo la desregulación, mediante el DNU 267/2015, de apartados claves de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y creó el ENACOM.
A partir de esta medida, se habilitó al Grupo para expandir sus negocios de televisión por cable sin las restricciones previas y pudo ingresar en el negocio de la telefonía móvil y espectro 4G.
Se autorizó a Nextel (del Grupo Clarín) a operar en el negocio de las telecomunicaciones móviles sin pagar por las frecuencias en los mismos términos que la competencia.
Además, en 2018, se autorizó la Fusión Cablevisión-Telecom, lo que implicó la creación de una de las corporaciones más grandes de América Latina. Y a través de normativas como el Decreto 1340/2016, el Ejecutivo habilitó a las grandes empresas de cable a brindar servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión, permitiéndole a Clarín ofrecer el paquete completo de servicios de cuádruple Play.
El último gobierno peronista, bajo la presidencia de Alberto Fernández, no le entregó concesiones extraordinarias ni activos al Grupo Clarín y mantuvo un enfrentamiento constante con el multimedio.
La gota que derramó la paciencia del holding fue el Decreto 690/2020, que declaró a internet, la televisión por cable y la telefonía como «servicios públicos esenciales» y congeló las tarifas aplicadas por las empresas.
De este último periodo surge un dato más que interesante. El Grupo Clarín recibió 4.100 millones de pesos del gobierno de Alberto Fernández en su último año, el 2023, en concepto de publicidad oficial, y fue el medio más beneficiado.
“Milei salvó a los argentinos de patinarse decenas de miles millones de pauta solamente en el troll pago Clarin”, destacaba en ese momento la cuenta de X Pregonero, propagandista de Javier Milei.
Hoy, Pregonero y todo el equipo de trolls “libertarios” no se hicieron eco de las concesiones de Milei para que Clarín mantenga su hegemonía en la historia reciente argentina.
Fuente: Diagonales
