Mientras la entrega avanza, la gravedad de la coyuntura la tapa. La trampa de la inmediatez. Milei quiere cambios estructurales.
La discusión sobre la realidad económica argentina parece atrapada en la urgencia del día a día. La inflación, los vaivenes de las cotizaciones paralelas y las metas fiscales siguen ordenando las portadas de los diarios y las expectativas de la sociedad. Pero detrás de esa superficie ruidosa, se está modificando a una velocidad inédita el marco jurídico, fiscal e institucional que regula la explotación de bienes comunes, el control de los territorios estratégicos, el reparto de los impuestos y la soberanía del propio Estado. Como advierte un reciente informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), dirigido por Claudio Lozano, la coyuntura nacional es hoy más estructural que nunca: las penas son de nosotros, las riquezas son ajenas.
El proceso de desregulación y desmantelamiento de controles no es una novedad; tuvo su primera avanzada con el DNU 70 y la Ley Bases. Pero la agenda oficial ha dejado de concentrarse exclusivamente en romper normas previas para pasar a edificar una arquitectura de privilegios de largo alcance. Se trata de un nuevo modelo estatal que ya no es meramente ausente, sino activamente garante de los negocios corporativos, blindando las rentabilidades privadas frente a cualquier intento de revisión en el futuro.
Territorios y soberanía en disputa
El análisis del IPyPP identifica que el primer gran hito de esta fase fue la reforma laboral, pero la zaga de transformaciones regresivas sumó capítulos alarmantes en la entrega de recursos y soberanía. Uno de los ejemplos claros es el denominado “Súper RIGI”, un esquema que expande la lógica del enclave extractivo hacia las infraestructuras digitales estratégicas. El régimen otorga generosos beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios por treinta años, sin exigir a cambio ninguna transferencia de tecnología, desarrollo de proveedores locales ni garantías sobre la soberanía de los datos nacionales.
La disputa por los territorios expone, en paralelo, una preocupante subordinación geopolítica a los intereses de Estados Unidos. El proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” funciona, en los hechos, como un vaciamiento de los límites históricos a la extranjerización de la tierra y desprotege áreas sensibles como los cuerpos de agua y las fronteras de seguridad, facilitando desalojos y levantando las prohibiciones ambientales para cambiar el uso del suelo tras los incendios.
Esta lógica se traslada de manera directa a los principales corredores logísticos del país. La privatización por 25 años de la Vía Navegable Troncal del Paraná restituye el control integral a la multinacional belga Jan De Nul, barriendo con la administración transitoria que venía ejerciendo el Estado a través de la Administración General de Puertos. Por este canal circula el 80 por ciento de las exportaciones de la Argentina. Y el sesgo geopolítico quedó en evidencia cuando los directivos de la firma mantuvieron reuniones clave con el embajador norteamericano Peter Lamelas, comprometiéndose a priorizar insumos y tecnología de proveedores occidentales.
Casi en simultáneo, la Armada Argentina selló una Carta de Intención con el Comando Sur de los Estados Unidos para el patrullaje y vigilancia del Mar Argentino bajo la premisa de combatir la pesca ilegal, abriendo un manto de opacidad sobre el alcance real que tendrá la intervención militar extranjera en nuestras aguas.
Para completar el cuadro regresivo, los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) dibujan una reforma tributaria y previsional de cara a los próximos años. Mientras se aliviana la carga a los patrimonios más ricos y a las corporaciones, el menú acordado con el organismo busca exprimir los ingresos de los asalariados y el consumo masivo.
Entre las recetas se encuentra la ampliación del impuesto a las Ganancias personales, el endurecimiento del monotributo, la quita de exenciones al IVA y la implementación de un IVA dual que modifique las potestades de las provincias, dejando para 2027 una severa reestructuración del sistema jubilatorio.
El espejismo del boom exportador
Desde la perspectiva macroeconómica, la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), encabezada por Mercedes Marcó del Pont, coincide en poner bajo la lupa las fragilidades de fondo del modelo.
El discurso oficial suele machacar con que el salto exportador del agro, la minería y el sector energético diluye de manera definitiva la histórica “restricción externa” argentina, es decir, la recurrente falta de dólares. Sin embargo, FIDE advierte que se trata de un peligroso diagnóstico sesgado.
La entidad señala que el nudo gordiano radica en que el bimonetarismo argentino impone un drenaje indomable sobre el acopio de dólares. La demanda de divisas para la dolarización del ahorro del sector privado se ha consolidado firmemente como la segunda fuente de requerimiento de dólares de la economía, devorándose los saldos comerciales favorables.
Los números son elocuentes: desde que se levantaron parcialmente las restricciones que armaban un “cepo”, la compra de dólares para atesoramiento privado escaló a la astronómica cifra de 40.500 millones de dólares. Este monto equivale a la totalidad de la deuda pública y privada que el país contrajo desde diciembre de 2023.
La persistencia de esta fuga de divisas anticipa un segundo semestre con el frente cambiario tensionado, especialmente a medida que las expectativas locales empiecen a contaminarse con el clima de un año electoral.
La volatilidad de la pax financiera
Esta mirada crítica contrasta con la postal que mostraron los mercados financieros durante las últimas semanas, analizada por la consultora LCG. Estacionalmente, los meses de mitad de año suelen aportar un respiro por la mayor actividad y el ingreso de divisas de la cosecha. Y en lo inmediato, el Gobierno ha hilvanado una serie de noticias que llevaron tranquilidad al “círculo rojo”: los fondos para hacer frente a los vencimientos de los bonos Bonares y Globales estarían garantizados mediante compras en el mercado, se avanzó en préstamos internacionales con avales multilaterales y el Banco Central logró patear hacia el año 2028 unos 6.000 millones de dólares en contratos de pases (repos).
Como resultado de este “blindaje electoral”, el riesgo país encadenó varias caídas consecutivas hasta perforar la barrera de los 415 puntos, anotando su nivel más bajo en los últimos ocho años, a la par de una modesta recuperación de la imagen de Javier Milei.
Los analistas de LCG advierten, de todos modos, que los movimientos de los fondos especulativos buscan ganancias de corto aliento y son estructuralmente volátiles. La aparente calma financiera actual ayuda al relato de la gestión, pero de ninguna manera representa un diagnóstico de solvencia a largo plazo. Los vencimientos del próximo año son formidables —alrededor de 12.000 millones de dólares en títulos y otros 14.000 millones con organismos internacionales— y la estrategia oficial consiste en estirar los plazos para postergar el impacto.
Fuente: Pagina 12
