Tras las primeras adjudicaciones de la Red Federal de Concesiones, el Ejecutivo avanza con la concesión de otros 1800 kilómetros en las rutas 3, 5, 205 y 226.
Luego de adjudicar los primeros 741 kilómetros de rutas nacionales a una empresa privada, el Gobierno nacional llamó a licitación para iniciar la segunda etapa de privatizaciones y avanzar con la Red Federal de Concesiones.
Se trata de más de 1800 kilómetros de rutas nacionales correspondientes a dos tramos: los llamados Sur Atlántico Acceso Sur y el Pampa; dos conexiones fundamentales para la producción y el turismo.
El primero abarca el tramo de la ruta 3 que va desde Cañuelas hasta Bahía Blanca. A su vez, comprende un subtramo de 870 kilómetros sobre la ruta 205, entre Cañuelas y Bolívar.
Por otro lado, el subtramo Atlántico abarca otros 404 kilómetros de la ruta nacional 226, es decir, desde Bolívar hasta Mar del Plata. Finalmente, se completa con 30 kilómetros de la autopista Ezeiza-Cañuelas, 13 kilómetros de la autopista Riccheri y 6 kilómetros de la Newbery.
El otro tramo es el llamado Pampa, que conecta la provincia de nombre homonímo con la provincia de Buenos Aires. En este caso, son 546 kilómetros de la ruta 5 desde Luján hasta Santa Rosa.
Según el llamado a licitación, la o las empresas interesadas en ser concesionarias tienen tiempo hasta el 6 de febrero para presentar sus ofertas. Posteriormente, una comisión evaluadora analizará cada una de las propuestas y seleccionará la que considere más apropiada para cada tramo.
La o las compañías que ganen la licitaciones van a tener la responsabilidad de construir, mantener, administrar y explotar las rutas con peajes automatizados del sistema free-flow.
Cabe recordar que hace muy pocos días, un supermercado mayorista de Bahía Blanca cerró sus puertas porque el abandono y el estado deplorable de la ruta 3 impedía el acceso de los clientes. A partir de esta decisión, Yaguar dejó a 100 trabajadores en la calle.
Antes de la asunción de Javier Milei, ese tramo de la ruta 3 estaba en obra. Sin embargo, con la llegada de La Libertad Avanza al poder, los trabajos se frenaron y la obra se abandonó. Finalmente, tras varios reclamos, el Gobierno optó por privatizar la ruta para que un privado se haga cargo de arreglarla y luego cobrar peaje a los usuarios.
Fuente: Diagonales
