El juez Ariel Lijo le recordó al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad que fue él quien pidió las pericias y lo acusó de obstaculizar el proceso judicial.
Frente a los intentos de Diego Spagnuolo de complicar el peritaje de los audios del caso Andis que él mismo impulsó, el juez federal Ariel Lijo lo acusó de “obstaculizar injustificadamente el normal desenvolvimiento del proceso” y buscar “paralizar” el estudio técnico de las grabaciones. Rechazó así el último pedido del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad que pretendía la suspensión del trabajo que ya habían iniciado los peritos, con el argumento de que los archivos sonoros analizados no son los mismos que fueron difundidos en medios de comunicación.
Lijo sostuvo que siempre estuvo claro que los audios que se mandarían a peritar, como dispuso en una resolución el 30 de abril último, eran los que había presentado en la causa en 58 archivos el periodista Mauro Federico, quien reveló en Carnaval Stream, junto con Ivy Cángaro, las conversaciones protagonizadas por Spagnuolo. Allí el exfuncionario describía un sistema de recaudación de sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia. Son las grabaciones donde se lo escuchaba decir que Karina Milei se llevaba el 3% y otro tanto le tocaba a Eduardo “Lule” Menem, además de explicar el arreglo con droguerías y laboratorios.
Esos conocidos diálogos pusieron la maniobra sobre el tapete, pero no fueron utilizados como prueba por el fiscal Franco Picardi al momento de citar a indagatoria ni por el primer juez del caso, Sebastián Casanello, al fundamentar los 19 procesamientos dictados hasta el momento por asociación ilícita, fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. De todos modos, son la excusa con la que varias defensas apuestan a cerrar el caso.
Que sí, que no
La gran paradoja de toda esta situación es que el mismo Spagnuolo fue quien había pedido un análisis pericial de los audios, en línea con los dueños de la droguería Suizo Argentina, que introdujeron esta cuestión desde el comienzo de la causa. El juez le llamó la atención al extitular de Andis porque, si tenía alguna objeción con los registros de voz a revisar, debió plantearlo antes de que se iniciara la medida. Pero no dijo nada.
“Luego de reclamar la realización de estudios destinados a determinar la autenticidad e integridad de los audios, consentir la decisión que individualizó expresamente el material sometido a examen, designar perito de parte y proponer puntos dirigidos a profundizar su análisis, no resulta compatible con una actuación procesal coherente pretender ahora paralizar la experticia sobre la base de una objeción relativa a su objeto material que pudo —y debió— ser introducida oportunamente”, reprocha la resolución. “No resulta atendible que recién una vez iniciadas las operaciones periciales la defensa pretenda introducir una distinción entre los registros sonoros difundidos por distintos medios de comunicación y aquellos aportados por Mauro Federico, para sostener sobre esa base que estos últimos deberían ser excluidos del estudio”, subraya.
Desde diciembre del año pasado, Spagnuolo –representado por el abogado Mauricio D’Alessandro- empezó su ofensiva fuerte para voltear el expediente con la teoría de que los audios están manipulados, editados y parte hechos con inteligencia artificial. Cambió tantas veces de discurso que llegó a decir que no era su voz. Lo concreto es que en aquel entonces pidió la nulidad de todas las actuaciones al cuestionar las grabaciones. Presentó incluso un peritaje privado que hablaba de la presencia de 18 cortes compatibles con edición, decía que había conversaciones telefónicas y que no podía afirmar la existencia de voces sintéticas ni hacer un examen exhaustivo concluyente por no disponer de la secuencia completa. Todo esto era la base, en teoría, para que se hiciera un peritaje en el contexto de la causa.
Lo cierto es que la Sala II de la Cámara Federal –con los votos de Eduardo Boico y Martín Irurzun, con disidencia de Eduardo Farah- sostuvo que había que hacer un análisis para determinar el origen y la autenticidad de las grabaciones. Cuando comenzó a intervenir el juez Ariel Lijo (después de Sebastián Casanello), dispuso ese peritaje.
Pero Spagnuolo empezó a poner “peros” para que no se haga. Por lo pronto, no quiso entregar una muestra de voz y pidió la nulidad del procedimiento con el argumento de que lo exponía a autoincriminarse, frente a lo cual el magistrado resolvió seguir adelante y utilizar como referencia una serie de entrevistas públicas donde habla el exdirector de Andis. Su defensa volvió a la carga con el nuevo cuestionamiento según el cual los audios que comenzaron a estudiar la Gendarmería, los peritos de parte y los de la fiscalía de Franco Picardi no son los difundidos en los medios.
Los especialistas se reúnen todos los miércoles y, según trascendió, hasta ahora advirtieron que uno de los archivos más largos tiene cortes y ediciones. Nada que no se supiera: en las grabaciones que salieron a la luz solo se escuchaba la voz atribuida a Spagnuolo, pero no la de su interlocutor o interlocutores. Aparecen sonidos de vajilla, como si algunas de las conversaciones transcurrieran en algún restaurante o café, y murmullos de fondo. Habrá que ver si hay tramos que corresponden a escuchas telefónicas.
¿Qué pasa en la Cámara?
La Sala II, que interviene en el caso, tuvo recientemente una baja: la de Irurzun, a quien el Gobierno no le quiso extender el mandato por cinco años más después de llegar a los 75 años (edad jubilatoria). Más allá de que su situación está judicializada, todo lo pendiente deberá ser resuelto por Boico y Farah. Si no tienen posiciones coincidentes, tendrá que intervenir algún miembro de la Sala I, recién reconfigurada, a la que se sumó Pablo Yadorala, mientras que regularizó su situación Pablo Bertuzzi, que había sido nombrado a dedo por Mauricio Macri.
Hay dos cuestiones claves a ser revisadas por los camaristas: la primera tanda de procesamientos (que incluye a Spagnuolo, su exnúmero dos Daniel Garbellini, el lobista Miguel Angel Calvete, entre otros), que fueron apelados, y los nuevos planteos de nulidad relacionados –otra vez— con los audios. En este tribunal hay quienes se quejan de que el material de la investigación de primera instancia les llegó con lentitud (contratos y conversaciones telefónicas).
Picardi describió cómo un grupo de privados, ajenos a la Andis (pero que se movían como si fueran parte), armaban las adjudicaciones, es decir, diseñaban el direccionamiento de contratos para la compra de medicamentos e insumos. Calvete, por ejemplo, armaba la adjudicación para empresas propias y se quedaba con un 20% de lo que conseguía para otros. Los sobreprecios llegaban al 2000% en medicamentos. El Ministerio de Salud hizo su propio relevamiento y en los insumos (sillas de ruedas, ortopedia, aparatología) encontró pagos adicionales de hasta 4000%, informe que fue incorporado a la causa. El fiscal Picardi relevó erogaciones de más de 30.000 millones de pesos en el tramo en el que investigó la compra de medicación, y más de 75.000 millones en insumos.
Fuente: Pagina 12
