Capital Humano anunció la baja del Volver al Trabajo (VAT), sucesor del programa peronista, por una “reorientación de recursos”. Ahora pasará a un sistema de “vouchers para cursos y formación profesional”.
A pesar de la ola de cortes en todo el país, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello formalizó la suspensión del Programa Volver al Trabajo (VAT), sucesor del Potenciar Trabajo, en el marco de una “reorientación de recursos del Estado” diagramada por el Gobierno de Javier Milei. En su lugar, la cartera anunció que implementará un plan de vouchers intercambiables por “cursos de oficios y formación profesional”.
De acuerdo con el comunicado publicado por el Ministerio, el desenlace del VAT “responde a una decisión planificada desde su creación” y “la última cuota fue liquidada en el mes de abril” para los beneficiarios asignados. “Cumplido el plazo previsto, el Gobierno Nacional reorienta los recursos del Estado hacia políticas de mayor impacto social”, completó el Ministerio.
Ante ello, el área conducido por Pettovello dio a conocer que la próxima etapa del plan consistirá en un sistema para “acceder a nuevas instancias de formación” a través de una versión de los famosos “vouchers” publicitados por el Presidente en sus días como candidato: “Quienes manifestaron interés podrán obtener vouchers para cursos de oficios y formación profesional impulsados por el Ministerio”.
La suspensión del VAT había sido anticipada días atrás y motivó la realización de múltipes protestas y cortes durante toda la jornada en diversos puntos del país, aunque con epicentro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Cabe recordar que el programa contaba con casi un millón de beneficiarios, a los que otorgaba una asignación de $78.000.
En este sentido las provincias del interior quedaron particularmente expuestas a una combinación que no perdona: inflación en alza, recesión, caída del consumo y un retiro progresivo del Estado nacional en áreas sensibles. La decisión del Gobierno de avanzar con el cierre del programa impacta directamente, en el caso particular de la provincia de Salta sobre más 52.739 beneficiarios.
Se trata, en su mayoría, de sectores en situación de vulnerabilidad. El reemplazo propuesto, basado en vouchers de capacitación con cupos acotados y mayores exigencias, no logró despejar las dudas más urgentes: cómo sostener el día a día en el corto plazo y qué posibilidades reales existen de inserción laboral en una economía que no genera empleo.
Detrás de la decisión administrativa aparece un efecto concreto y medible. Según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, la provincia de Salta perdería $49.364 millones anuales en circulación, una cifra que impacta de lleno en el consumo interno. El número se traduce en comercios que venden menos, en cadenas de pago que se interrumpen y en economías regionales que empiezan a resentirse. La medida se combina con otros factores que profundizan el cuadro: la caída del salario real, la eliminación de subsidios a servicios esenciales como la luz y el gas, y un esquema desigual en el transporte público, donde el AMBA continúa recibiendo asistencia mientras el interior enfrenta tarifas más altas.
A esto se suma el parate casi total de la obra pública, que en muchas provincias funcionaba como motor de empleo y dinamizador económico. En ese marco, la estrategia del Gobierno nacional de “achicar el Estado” y equilibrar las cuentas públicas tiene una traducción concreta en los territorios: menos recursos, más presión sobre las provincias y un traslado de responsabilidades sin financiamiento. Las administraciones locales deben cubrir demandas crecientes en salud, educación y asistencia social, con presupuestos cada vez más ajustados.
Fuente: Diagonales
