Legisladores opositores presentaron un amparo para frenar la privatización de AySA sobre la base de que el Gobierno de Milei la entregó a un precio vil. Las obras abandonadas y el «crimen» de querer cortar el agua por falta de pago.
La administración Milei continúa con su programa de saqueo. Detrás de la privatización de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) se esconde un esquema de legalidad fraguada para entregar un activo central a un precio vil. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que depende del Ministerio de Economía, mantuvo en secreto la tasación oficial de la empresa, a partir de una resolución que no fue publicada en el Boletín Oficial. Para coronar la jugada, se apartó al Tribunal de Tasaciones de la Nación.
No hubo error de cálculo. Es un modus operandi del saqueo. Algo similar ocurrió con las centrales hidroeléctricas del Comahue, también tasadas a precio vil, al igual que las centrales nucleares incorporadas en Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA).
El consorcio ganador para la privatización de AySA, integrado por Rowing S.A, Transclor, Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua, ofertó 340 millones de dólares. El economista Jorge Carrera recordó que en 1999 se había pagado por Obras Sanitarias de la Provincia (OSBA) 400 millones, que a valores actuales serían cerca de 800 millones de dólares.
Las diputadas Ana María Ianni, Florencia Carignano y los senadores Adán Humberto Bahl y Jorge Capitanich, integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, presentaron una medida de amparo para frenar la entrega a precio vil de AySA. También hubo una presentación ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
El derecho humano de acceder al agua
La administración Milei aumentó la tarifa de agua en un 538% desde noviembre de 2023 hasta marzo de este año. Esto convirtió a AySA en superavitaria, dato que no significa nada si se tiene en cuenta que desde entonces se abandonaron todas las obras vinculadas a la expansión de cloacas y saneamiento.
“Hicieron una linda caja y hoy la regalan. Actuaron de la misma forma que con Transener donde mejoraron la caja subiendo tarifas el mismo mes que la vendieron”, sostuvo la diputada Julia Strada (Unión por la Patria) a través de sus redes sociales.
ENARSA concretó la venta de su participación en Transener el 12 de mayo de 2026. Ese mismo mes salió la resolución del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad aprobando un aumento de tarifa eléctrica.
“Con AySA el modus operandi fue parecido. Aumentaron las tarifas de agua un 538% desde que asumieron para hacer caja y lograr que la empresa sea superavitaria (en el primer trimestre de 2026 registró un resultado financiero positivo superior a $41.000 millones) para después regalarla”, agregó la legisladora.
A pesar de haber hecho esa “caja”, todas las ampliaciones de infraestructura cloacal fueron frenadas. “En diciembre de 2023 había 273 obras en ejecución según datos del Mapa de Inversiones. Por lo menos a mayo del año pasado (último mes de actualización de la información) ninguna de esas obras había tenido algún tipo de avance físico (ni siquiera del 1%). El gasto de capital que efectúa AySA cayó un 75% en términos reales desde el cambio de gestión”, puede leerse en un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).
En Argentina todavía existen 965.216 hogares (el 6,1% del total) que no tienen agua dentro de la vivienda por cañería.
El aumento de tarifas no fue inocuo para la población. Gran parte de las familias que reciben el servicio de AySA no pueden pagar las boletas. Esta problemática quedó consignada en “Cuentas Incobrables” dentro del balance de la compañía, siendo el único concepto de gasto que subió desde el cambio de gestión (+89,3% en términos reales).
“La cantidad de usuarios que estarían teniendo demora en el pago de sus boletas se habría situado en el 2026 en los 488.978, un aumento del 33,6% contra 2023, agregaron desde el IAG.
Este es un dato sumamente alarmante, teniendo en cuenta que el DNU 493/2025 habilita al futuro concesionario a cortar el servicio por mora en el pago de las facturas. El decreto en cuestión fue el que habilitó la privatización de esta empresa estratégica. En su artículo 81 se dispusieron las condiciones para el corte del servicio.
“La Concesionaria está facultada para proceder al corte del Servicio Público por atrasos en el pago de las facturas correspondientes, sin perjuicio de los cargos por mora e intereses que se establecen en el presente Marco Regulatorio. El corte del Servicio Público procederá por falta de pago de una factura con una mora de como mínimo, SESENTA (60) y QUINCE (15) días para los Usuarios residenciales y no residenciales, respectivamente, contados a partir de su segundo vencimiento”, puede leerse en el DNU.
El agua es vital para la vida humana; acceder al agua es un derecho humano. Por eso debería ser un servicio público a perpetuidad. La autorización gubernamental para los cortes del servicio por falta de pago, ¿no debería considerarse un acto criminal?
La entrega a precio vil de AySA
El consorcio integrado por Rowing S.A, Transclor (grupo Filiberti), Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua quedó primero en la licitación para quedarse con el 90% de las acciones de AySA tras ofertar la ganga de 340 millones de dólares.
El dueño de Rowing es Walter Román. Este apellido, junto al de los Neuss, va conformando el anillo de privilegiados dentro de los negocios con el Estado bajo la administración Milei. La familia Román también se quedó con la estratégica Vía Navegable Troncal como socios locales de la belga Jan de Nul. Fue a través de la empresa Servimagnus, propiedad de Leonardo Román, sobrino de Walter.
Lo que está haciendo el Gobierno de Milei es una entrega de activos claves a precio vil y bajo un esquema de opacidad. Los legisladores Ana María Ianni, Florencia Carignano, Adán Humberto Bahl y Jorge Capitanich presentaron un amparo para frenar la privatización de AySA.
La presentación –que recayó en el Juzgado Contencioso N° 3 a cargo de Santiago Ricardo Carrillo- apunta a que el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Martín Chaher, presente texto el oficial e íntegro de la Resolución ATEP N.O 1/2026 (dictada el 01/04/2026), mediante la cual se declaró con carácter «reservado» de forma general todos los informes de tasación y valuación de los procesos de privatización.
La entrega de AySA se sostiene sobre la farsa de una tasación opaca realizada a las sombras de la población. Para llevar adelante esta maniobra de legalidad fraguada, el Ministerio de Economía, a cargo del endeudador serial Luis Caputo, corrió al Tribunal de Tasaciones – un órgano autárquico – para que las valuaciones sean realizadas por el BICE o bancos privados. Lo mismo se hizo con las centrales hidroeléctricas del Comahue y Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA).
“Se derivó la tarea de valuación a una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE), la cual aplica el criterio de Flujo Neto de Fondos Descontados importado del marco eléctrico. Dicho método propende a generar subvaluaciones de activos estatales al basarse en ganancias hipotéticas”, puede leerse en la demanda presentada por los amparistas.
La Comisión Bicameral le había solicitado a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas los trámites internos de la tasación pero Chaher respondió que rechazaba la solicitud invocando el secreto amparado en una norma no publicada en el Boletín Oficial (Res. ATEP 1/2026).
“De adjudicarse la licitación sin el conocimiento previo de la tasación oficial por parte de los órganos de control y de la sociedad, se consolidará un daño irreversible sobre el patrimonio público nacional”, agregaron los amparistas.
La tasación de un activo estatal estratégico no constituye un «secreto comercial» oponible al propio Congreso ni a la ciudadanía. El artículo 1 de la Constitución Nacional consagra la difusión de todos los actos públicos.
“Existe una arbitrariedad y manifiesta ilegalidad en la conducta de la demandada al declarar el carácter «reservado» de la tasación oficial invocando una norma inoponible y no publicada en el Boletín Oficial. Se observa así una animosidad a ocultar información que debiera ser pública y conocida por la Comisión Bicameral cuanto menos, impidiendo además el buen funcionamiento de la misma y por lo tanto del efectivo principio republicano mediante el cual existe una clara división de poderes y contralor entre ellos”, concluyeron los legisladores en su demanda de amparo.
Fuente: El Destape
