El Gobierno ahora tiene un nuevo “enemigo”. La medida también alcanza a quienes ultrajen símbolos patrios.
l presidente Javier Milei autorizó por decreto la expulsión del país de extranjeros que “expresen mensajes de odio” contra la Argentina y sus ciudadanos, promuevan discriminación o violencia por motivos de nacionalidad y/o a aquellos que ultrajen símbolos patrios.
Según explicaron desde Casa Rosada, el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, responde a las “recientes manifestaciones de hostilidad” contra la Argentina después del Mundial.
Bajo la excusa de contestar a la campaña antiargentina, el Gobierno Nacional reafirmó «que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable».
«Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó un comunicado de la Oficina del Presidente.
En concreto, el DNU incorporó un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley 25.871, que establece los posibles causales para rechazar el ingreso de un extranjero al territorio nacional.
A partir de la modificación implementada por Milei, Argentina podrá impedir la entrada a quienes hayan dirigido “mensajes de odio en forma oral o escrita” o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano por su nacionalidad.
La medida también alcanza a quienes hayan realizado, participado o incitado “actos de ultraje de símbolos patrios nacionales”.
En los considerandos, el Gobierno argumentó que esas conductas representan un riesgo para los ciudadanos y afectan las condiciones de “convivencia armónica y paz social” que justifican la admisión y permanencia de extranjeros en el país.
Además, el DNU modifica el artículo 62 de la legislación y establece que aquellos extranjeros que hayan difundido mensajes de odio, promovido la violencia contra argentinos por su nacionalidad o participado en actos contra los símbolos patrios podrán perder su residencia.
De todas maneras, el texto aclara que las expresiones de disenso ideológico, críticas políticas, académicas o ciudadanas que formen parte del ejercicio legítimo de derechos constitucionales no serán causales para aplicar la medida.
Fuente: Diagonales
