Presentaron una adenda ante la ONU cuestionando la investigación en la Causa Vialidad y especialistas evalúan qué decisión podría tomar el organismo
Puntos importantes
La defensa de Cristina Kirchner amplió su denuncia ante la ONU por persecución judicial.
Buscan medidas cautelares para anular la inhabilitación política y habilitar su candidatura en 2027.
Expertos dudan del éxito, ya que el Comité emite solo recomendaciones y no es un tribunal superior.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas podría analizar a mediados de octubre el pedido de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que se revise su condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por la causa Vialidad.
Los abogados Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego introdujeron la semana pasada una «adenda» en la que denunciaron actos de «intimidación», especialmente por la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de la exmandataria en la causa Cuadernos.
También mencionaron declaraciones de jueces que intervinieron en el expediente Vialidad, el avance sobre sus bienes -entre ellos el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria- y publicaciones del presidente Javier Milei en redes sociales.
Previamente, el 29 de julio, el equipo legal había denunciado que durante el juicio por el que terminó condenada en 2022 por administración fraudulenta se violaron sus derechos políticos y las garantías del debido proceso. También solicitó tres medidas cautelares, una de ellas para frenar la inhabilitación perpetua y así intentar que pueda presentarse como candidata en 2027.
El Comité está integrado por 18 expertos independientes que examinan informes periódicos de los Estados partes y tratan las denuncias de particulares sobre presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La próxima sesión será entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre, según surge de su web oficial.
Pero, ¿qué chances tienen de prosperar los planteos de la defensa de la exmandataria?, ¿puede haber una definición sobre las cautelares que le allanen el camino para ser candidata a presidenta en 2027, aunque esté detenida? iProfesional consultó a abogados constitucionalistas.
Cuánto puede tardar en salir una medida cautelar del Comité
Diego Armesto explicó que «el comité no dicta fallos porque no es un órgano jurisdiccional, sino que se encarga de controlar el cumplimiento del tratado de los estados miembros que hayan adherido» y señaló que «ante un incumplimiento lo que hacen es una recomendación y ahí el país tiene que tratar de corregir esa situación».
«Entonces, si sale una medida cautelar, el Comité le tiene que correr vista al Estado argentino, que tiene que responder a los planteos realizados por los abogados de Cristina Kirchner. Después, el comité toma una decisión de fondo que el Estado la puede cumplir o no, no es tan rápido», afirmó el especialista, que también es profesor universitario.
Acerca de los plazos, señaló que recientemente presentó una cautelar ante otro organismo internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y tardaron 60 días en resolver porque previamente dieron vista al país involucrado.
Pedro Caminos, también constitucionalista y profesor, sostuvo que -a su entender- la defensa por un lado busca presentar nueva prueba que exculparía a la expresidenta de la condena por corrupción y por otro marcar la «desproporcionalidad» de la pena de inhabilitación perpetua frente a una sentencia de 6 años de prisión.
Con respecto a la nueva prueba, que surgió durante el juicio «Cuadernos», consideró que «es más difícil que pueda prosperar el reclamo» porque no es común que el Comité haga esa valoraciones, ya que en ese caso se convertiría en un tribunal superior que revisa las sentencias de la Corte Suprema argentina.
«El otro argumento, en cambio, es bien jurídico, porque el Comité tiene que expedirse sobre si la inhabilitación perpetua es una manera razonable de regular los derechos políticos de las personas. Yo creo que el Comité sí puede expedirse sobre este punto«, afirmó el especialista.
No obstante, dijo que hay un problema formal porque «a lo largo de todo el juicio que se llevó adelante en Argentina, en ningún momento sus abogados plantearon esto» y el Derecho Internacional indica que primero hay que agotar todos los recursos internos antes de recurrir a un organismo externo.
Respecto de las cautelares, sostuvo que ve difícil que se resuelvan en octubre, pero que el Comité volverá a reunirse en marzo (lo hace tres veces al año) y en caso de una decisión favorable y de que el Congreso suspenda las PASO, la expresidenta podría llegar a presentar su candidatura.
¿Pueden los tribunales argentinos volver a revisar la condena?
Si el comité de la ONU emitiera un pronunciamiento favorable, el paso siguiente de la defensa de Fernández de Kirchner sería probablemente pedir una revisión de su condena en los tribunales argentinos basándose en el artículo 366, inciso f, del Código Procesal Penal Federal.
Según el texto, esta procede cuando «se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual», como es el comité de la ONU al que acudió la defensa de Fernández de Kirchner.
«No me imagino que nuestro Poder Judicial diga `si, nos equivocamos´. Parece un escenario muy difícil», sostuvo Armesto, que recordó además que no hay antecedentes similares en Argentina y el más cercano en la región es el del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, cuyas condenas fueron anuladas por la Corte Suprema de ese país.
Justamente uno de los abogados del mandatario ahora integra el equipo legal de Cristina Kirchner y es quien dijo en los últimos días que están trabajando «para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité».
«Eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité«, sostuvo el abogado brasileño.
Sobre el punto, Caminos aseguró que «está un poco discutido cuál es el nivel de obligatoriedad que tienen los pronunciamientos de los organismos internacionales» y que sólo las Cortes Internacionales como la Corte IDH tienen jurisdicción para dictar sentencias obligatorias para los estados.
En cambio, el Comité al que recurrió la defensa de Fernández de Kirchner dicta «recomendaciones», lo que denominó «medidas más blandas«.
Sin embargo, aclaró que «esto no quiere decir que el Estado argentino pueda ignorarlas porque cuando se acepta ser parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se acepta su autoridad, por un principio de buena fe hay que hacerse cargo de lo que digan estos organismos».
Por otro lado, adelantó que en caso de una resolución favorable de la ONU lo que va a suceder es que la eventual candidatura de Fernández de Kirchner va a ser impugnada por otras fuerzas políticas ante la Justicia Electoral, que también tendrá que sentar una postura al respecto.
El caso Fontevecchia, un antecedente clave
El fallo «Fontevecchia y D’Amico» dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017 es un antecedente doctrinal y constitucional clave en Argentina sobre la relación entre el derecho local y el internacional, recordaron los constitucionalistas consultados.
Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico (periodistas de la revista Noticias) habían sido condenados en la Justicia civil a pagar una indemnización económica a Carlos Menem por violar su derecho a la intimidad, tras publicar notas sobre un hijo no reconocido del expresidente.
Los periodistas acudieron a la Corte IDH y en 2011 el organismo declaró que esa decisión violaba el derecho a la libertad de expresión y ordenó al Estado argentino dejarla sin efecto. Sin embargo, la Corte argentina concluyó que esto no era posible porque la Corte IDH no era un «tribunal de alzada o de apelación» por encima del máximo tribunal argentino y solo hizo una anotación marginal en sus libros indicando que esa condena había sido declarada «incompatible» con la Convención Americana de Derechos Humanos. Si la CSJN mantiene esta postura, aún en caso de fallo favorable de la ONU, la condena a la expresidenta no será anulada.
Fuente: IP
