El Gobierno eliminó la Subsecretaría de Planificación General, elevó a rango de secretario al titular del área Legal y redistribuyó funciones sobre patrimonio, traslados presidenciales y mantenimiento de las residencias oficiales.
El Gobierno oficializó una reestructuración de la Secretaría General de la Presidencia que reordena las competencias de sus distintas áreas. Entre los cambios más relevantes, se suprimió la Subsecretaría de Planificación General, se otorgó rango de secretario al titular de la Subsecretaría Legal y, tal como adelantó Ámbito, se dispuso que la Casa Militar quede a cargo de la administración de la Quinta de Olivos.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1176/2026, publicado en el Boletín Oficial. La modificación reorganiza las funciones vinculadas con el funcionamiento de la Casa Rosada, las residencias presidenciales de Olivos y Chapadmalal, la preservación del patrimonio, la seguridad y los traslados del jefe de Estado.
Con la nueva estructura, la Secretaría General quedará integrada por la Unidad Gabinete de Asesores, las subsecretarías Legal, de Coordinación Administrativa, de Gestión Institucional y de Asuntos Presidenciales, además de la Casa Militar. Según se fundamentó en la norma, los cambios responden a “razones de gestión”.
Uno de los puntos centrales del decreto es que el subsecretario Legal, Juan Manuel Galli, pasará a tener rango y jerarquía de secretario. A su vez, se eliminó el cargo extraescalafonario de coordinador de Asesoramiento Técnico, que dependía directamente de la Secretaría General.
En cuanto a la Subsecretaría de Planificación General, el texto principal del decreto no detalló el destino de sus funciones, aunque sí modificó los objetivos de otras dependencias para redistribuir las tareas dentro de la estructura presidencial.
En ese marco, la Unidad Gabinete de Asesores sumará atribuciones para planificar un programa de puesta en valor de los edificios, el patrimonio histórico y los bienes culturales de la Secretaría General. Entre sus nuevas responsabilidades figuran la elaboración de políticas culturales, la conservación y restauración del patrimonio y la coordinación de actividades en la Casa de Gobierno y en otras sedes administrativas.
El área también intervendrá en cuestiones relacionadas con la Residencia Presidencial de Olivos, la Residencia Presidencial de Chapadmalal y el Museo del Bicentenario, aunque en el caso de las dos residencias deberá actuar en coordinación con las autoridades de Casa Militar.
Por su parte, la Subsecretaría de Coordinación Administrativa incorporará la planificación de los servicios generales que requieran la Secretaría General y los organismos a los que asiste. Además, quedará a cargo de los traslados terrestres del Presidente y de los que la Secretaría General disponga para otros integrantes del Poder Ejecutivo, tanto dentro como fuera del país, incluidas las sedes de Casa Rosada, Olivos y Chapadmalal.
Esa misma dependencia tendrá bajo su órbita la planificación de la intendencia, el mantenimiento, las cocheras y el transporte de la Secretaría General, y asumirá funciones en materia de higiene, seguridad laboral y medio ambiente en las áreas presidenciales, con excepción de las residencias de Olivos y Chapadmalal.
En tanto, la Casa Militar deberá organizar y supervisar el trabajo del personal asignado a la seguridad presidencial, que incluye efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y fuerzas policiales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
La norma también le asignó la aprobación y aplicación de los procedimientos de acceso para la seguridad integral de la Casa Rosada, las residencias presidenciales y las sedes administrativas de la Secretaría General. Asimismo, concentrará la administración, el mantenimiento, la intendencia y las cuestiones de seguridad e higiene de las residencias de Olivos y Chapadmalal.
Si bien la nueva estructura ya rige, el decreto estableció que, hasta que se complete la reestructuración, se mantendrán de forma transitoria las unidades inferiores existentes, con sus dotaciones, cargos, niveles, grados y suplementos.
Finalmente, se aclaró que la reorganización no aumenta la cantidad de unidades de la Administración Pública Nacional y que los gastos que demande su implementación se cubrirán con las partidas asignadas a la Secretaría General de la Presidencia.
Fuente: Ámbito Financiero
