La empresa participa en un proyecto energético que se desarrolla en la provincia de Río Negro
El Gobierno nacional inició procedimientos legales sancionatorios contra 45 empresas y personas por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Sin embargo, casi al mismo tiempo, el diputado nacional Maximiliano Ferraro denunció que, a pesar de los anuncios del presidente Javier Milei, una petrolera británica sancionada en 2013 por operar en las Islas Malvinas fue beneficiada por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la administración libertaria.
Se trata de Harbour Energy, antes denominada Premier Oil PLC. La compañía participa con el 15% de Southern Energy, un consorcio que lleeva adelante una proyecto para desarrollar y exportar gas en la provincia de Río Negro.
A pesar del cambio de nombre, Southern Energy había sido inhabilitada en 2013 por operar sin autorización argentina en la plataforma continental cercana a Malvinas; sanción vigente hasta 2028.
Sin embargo, ello no impidió que el Gobierno nacional beneficiara a la firma mediante el RIGI. A través de la Resolución 559/2025, el Ministerio de Economía le aprobó a Southern Energy ( 15% de Harbour Energy) la adhesión a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por décadas.
Ferraro remarcó que Harbour Energy es exactamente la misma persona jurídica que años atrás utilizaba el nombre de Premier Oil PLC.
En 2021, la corporación modificó su nombre en el año 2021 por motivos comerciales y estratégicos pero, tal y como denunció el legislador de la Coalición Cívica, es la misma empresa.
«Alguien dirá que Harbour ya no opera en Malvinas. Es cierto, vendió sus activos en las islas en 2022. Pero ese no es el punto, y conviene decirlo con claridad. La Ley 26.659 no prohíbe únicamente operar en el mar argentino sin habilitación. Su artículo 2 prohíbe esa conducta a la empresa que opera y también a sus accionistas. Y su artículo 5 va más lejos: prohíbe al propio Estado contratar con esas empresas, sus controladas o sus accionistas. El problema es que Harbour arrastra una inhabilitación firme y vigente hasta 2028, y hoy es accionista de un proyecto beneficiado por el propio Estado a través del RIGI», denunció el diputado nacional.
«Tampoco se entiende cómo esta información no fue advertida por las áreas que intervienen y realizan los dictámenes legales en cada expediente antes del dictado del acto administrativo», cuestionó.
«Ningún acto administrativo puede pasar por encima de una inhabilitación vigente», agregó. Acto seguido, reclamó explicaciones al Ejecutivo nacional «sobre cómo una empresa alcanzada por una inhabilitación firme hasta 2028 terminó formando parte de un proyecto beneficiado por el RIGI» y si el Gobierno tiene previsto adoptar algún tipo de medida o consideración adicional frente a esta situación.
Fuente: Diagonales
