La oposición denunció conflicto de intereses y presentó una impugnación para que el libertario se abstenga de “intervenir, debatir, firmar dictámenes y emitir su voto” sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Tras la noticia de que el legislador Joaquín Benegas Lynch es fundador y gerente de Glocal Terra SRL, una empresa dedicada a la venta de tierras a extranjeros, la oposición presentó un pedido de impugnación para que el entrerriano no pueda intervenir ni votar en la sesión que tratará la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado este jueves. El pedido argumenta una situación de “conflicto de intereses” y denuncia que el dirigente podría ser influenciado por “su interés económico privado” para acompañar el proyecto.
La solicitud fue enviada por la senadora peronista Juliana di Tullio, quien en redes sociales manifestó que Benegas Lynch no debería poder “debatir ni votar el proyecto sobre Inviolabilidad siendo socio gerente de una empresa dedicada a venderle tierras argentinas a inversores extranjeros”. En ese marco, la dirigente advirtió que su participación “viola la Constitución y la Ley de Ética Pública” y sugirió: “Usar la banca del Senado para beneficiar el bolsillo propio es traición a la Patria”.
La presentación pide en su primer párrafo que el senador se abstenga de “intervenir, debatir, firmar dictámenes y emitir su voto” respecto del paquete de medidas en discusión este jueves, que hasta horas atrás incluía también las polémicas modificaciones a la Ley de Tierras. La solicitud se fundamenta “en virtud del evidente e inadmisible conflicto de intereses que afecta la imparcialidad y objetividad” del legislador de La Libertad Avanza (LLA).
Además, el texto indica que Benegas Lynch “reviste la calidad de socio gerente” de Glocal Terra, una empresa “cuyo objeto social abarca el asesoramiento comercial, legal, financiero e intermediación directa destinada a inversores extranjeros para la adquisición de inmuebles y tierras rurales en la República Argentina”. En base a ello, remarca, “existe una colisión directa entre el interés económico que debe tutelar el legislador y su interés económico privado”.
Fuente: Diagonales
