La marcha atrás en apenas diez días reavivó las dudas sobre el accionar del máximo tribunal, sus internas y una forma de administrar los tiempos judiciales en sintonía con las necesidades del Gobierno.
La Corte Suprema en tiempos de Javier Milei ya tiene sus “grandes éxitos”. Sin dudas, la maniobra con la que primero confirmó la derogación y luego repuso la Ley de Tierras en diez días se lleva todos los premios. Pasan las horas y tanto en charlas de juristas como de legos sigue generando desconcierto. ¿Los supremos actuaron a pedido? ¿Fue una sucesión de burradas? ¿Quieren mostrar poder? ¿O decidieron a conciencia y, después de una tormenta de críticas, quisieron limpiar sus egos? ¿A quién beneficia todo esto?
No es la primera vez que la Corte actúa de manera funcional al Gobierno libertario: lo hizo al resolver la extradición del sospechado de narco Federico Fred Machado (el financista de José Luis Espert) después de cuatro años de cajonear el expediente, pero también cuando, en dos meses récord y sin desarrollar fundamentos, determinó que Cristina Fernández de Kirchner –quien había anunciado su candidatura en la provincia de Buenos Aires– fuera presa, como parecía alentar Estados Unidos, que poco antes le había prohibido el ingreso. O cuando le tomó juramento en secreto a Manuel García Mansilla tras su designación en comisión para integrar el tribunal, donde duró menos de 40 días. También lo hace al guardar silencio sobre cuestiones cruciales, como la discusión constitucional de base sobre todo el DNU 70/23 o los reclamos por diversos recortes de fondos de las provincias.
Más allá de que nada de esto parece un monumento a la tan invocada seguridad jurídica, es notorio que los supremos parecen haber abandonado la pulsión innovadora para construir doctrina y sentar jurisprudencia sólida y, salvo contadas excepciones, elaborar fallos ejemplares para el desarrollo de los derechos. Hay algunos relevantes sobre libertad de expresión en entornos digitales y hábeas data. Otros que cuestionan cálculos de indemnizaciones y similares en el fuero laboral, para dar algunos ejemplos. Algunos que ponen límites a las tasas municipales. Cuando todavía estaba Juan Carlos Maqueda, firmaron el fallo “Levinas” (que benefició a Mauricio Macri por el Correo), que lleva las causas de la justicia nacional a la Ciudad. No es una producción que la academia considere de colección ni mucho menos.
Cuando se discutía la cuestión de las vacantes en el tribunal, decían los supremos que no es tan problemático ser solo tres miembros. De mínima, a todas luces, es una enorme concentración de poder. Hubo un tiempo, como cuando la Corte tuvo siete integrantes –una década atrás, por lo menos–, en que debatían temas a fondo, convocaban a audiencias públicas y “amicus curiae” (especialistas u organizaciones llamadas a opinar). El tribunal tenía una agenda de casos institucionalmente trascendentes.
Una sucesión sorprendente
Esta parte de la historia (la de la Ley de Tierras) empezó el martes 29 de septiembre. Cuando el tribunal difundió los temas que había resuelto en su acuerdo habitual, en la lista figuraba primero un fallo que revocaba la absolución de César Milani por encubrimiento en la desaparición forzada del conscripto Alberto Agapito Ledo. Un rato después apareció el caso impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM): el tribunal les había rechazado la legitimación para impulsar la demanda con el argumento central de que la soberanía no es un bien jurídico colectivo. El efecto era demoledor y quedó rápidamente entendido: dejaron en pie la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/23 y con eso liberaron la venta de tierras a extranjeros.
El extraño sentido de la oportunidad de la sentencia, en medio de una creciente reivindicación popular de la soberanía territorial –recargada tras la bandera de “Las Malvinas son argentinas” en el Mundial– y con el rechazo del Senado a la venta ilimitada de tierras todavía fresco, generó muchas preguntas e hipótesis, además de críticas furibundas entre juristas y protestas contra los cortesanos (en San Martín de los Andes, en la puerta de Tribunales y en la Facultad de Derecho) por su contenido. “La Corte por las suyas no hubiera resuelto este tema, alguien lo pidió”, especula un abogado que tiene un pie en el mundo del derecho y otro en la política.
Según pudo reconstruir Página/12, desde que empezaron a llegar a la Corte los planteos contra el DNU 70, Carlos Rosenkrantz alentó la idea de resolver algunos a través del rechazo de la legitimación. Sus colegas Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti le siguieron la corriente y así fue como descartaron amparos de La Rioja y de la agrupación Gente de Derecho (que lidera el abogado Jorge Rizzo) en abril de 2024. Después siguieron acumulando causas del mismo rubro, más de 30, como reveló este diario, respecto de todo el decreto y sobre aspectos puntuales (laboral, aumento de las prepagas, Instituto de la Yerba Mate, regulaciones farmacéuticas, sociedades anónimas). El procurador Eduardo Casal ya dictaminó sobre el capítulo laboral y la desregulación de la medicina prepaga y cuestionó la validez constitucional de todo el decreto (en septiembre y junio, respectivamente).
El hecho es que los ministros de la Corte nunca quisieron, por ahora, resolver la discusión medular sobre el DNU, pese a que buena parte del mundo del derecho asegura que es inconstitucional por no cumplir con los requisitos mínimos de mostrar la necesidad y la urgencia. Pero es la forma que encontró el tribunal de no generarle un dolor de cabeza al Gobierno, que siguió adelante con su modelo desregulador y de motosierra.
Hay quienes repararon en una reciente resolución suprema que cerró una causa contra el ministro Federico Sturzenegger, conocida como “dólar futuro”, y especulan con que no habría sido la única concesión a su favor. El titular de Desregulación había quedado en falsa escuadra con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de la que el Senado descartó todo lo referido a la liberación de la venta de tierras ante el repudio popular. Lo que hizo el alto tribunal venía a suplir lo que no había logrado el oficialismo en la Cámara Alta.
Es difícil de creer y entender, pero puertas adentro de la Corte cuentan que Rosenkrantz puso una propuesta para rechazar el amparo del CECIM a circular y sus compañeros de tribunal lo miraron como si fuera un trámite más. Es una mirada piadosa pensar que no advirtieron que se trataba de excombatientes a quienes les dirían: “Muy lindo que hayan aceptado dar la vida por la soberanía en una guerra, pero no pueden acudir a un tribunal para defenderla”. Lo cierto es que es una versión insistente. Aunque en un despacho agregan un matiz: hubo un secretario que se dio cuenta, alertó, pero no le dieron ni la hora. También cuesta creer que no sabían que había otra causa que tramitaba en forma conexa y la habían ignorado olímpicamente. Era la de la asociación ambientalista Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y la lof Fvta Anecon, junto con la legisladora de Río Negro Magdalena Odarda.
Lo que le da algo de verosimilitud a este relato es la desesperación que mostraron después del primer fallo al enviar un comunicado (por WhatsApp) donde decían que la decisión adoptada había sido meramente procesal –como si no hubiera tenido la consecuencia de derogar una ley–, se victimizaban como si hubieran sido atacados por “discursos de odio” (sic) y señalaban que, si otros se querían presentar, podrían hacerlo. No mencionaban el caso Árbol de Pie que, todo indica, no tenían en el radar. Incluso decían que no tenían ninguna más sobre la Ley de Tierras. A las pocas horas, este grupo de amparistas se presentó y pidió a la Corte que les aclare si el fallo contra los excombatientes también aplicaba para ellos. Todo un papelón.
El disgusto fue tan grande para Lorenzetti y Rosatti, ambos especialistas en derecho ambiental (en particular el primero), que, aunque se detestan y no se hablan hace tiempo, lograron ponerse de acuerdo. Así, consensuaron el comunicado –del que Rosenkrantz salió a despegarse– y después pactaron dar vuelta el desastre que habían hecho y que desató un repudio que no paraba de escalar. Aceleraron todos los tiempos: como Rosenkrantz no estaba dispuesto a cambiar de posición, llamaron a conjueces en cuestión de horas y lograron convencer al juez de casación Diego Barroetaveña y al camarista mendocino Juan Ignacio Pérez Curci de votar con ellos en un caso que ni siquiera tiene mucho que ver con su especialidad.
A principios de semana era difícil imaginar lo que pasaría después. La Corte, que había bañado en críticas a la Sala III de la Cámara de La Plata con mensajes a otros jueces inferiores por un supuesto exceso de medidas cautelares, terminó firmando una medida cautelar interina, es decir, totalmente excepcional, con el argumento de que a Árbol de Pie y compañía nunca nadie les había dado una respuesta judicial. Ni siquiera la propia Corte, que tenía el expediente desde agosto de 2024.
Luego está el plano político: ¿A quién le servía el fallo contra el CECIM? ¿A quién le servía el que reculó en chancletas y repuso la Ley de Tierras?
La primera resolución estaba alineada con una política del Gobierno, que se había topado con un muro. Le venía bien a Milei, que estaba rumbo a París, donde se celebraba la “Argentina Week” en busca de inversores. Respondía a un deseo de los magnates como Peter Thiel, las corporaciones económicas internacionales y Estados Unidos, donde fue rechazada la instalación de data centers para el desarrollo de inteligencia artificial, por lo que resulta entonces apetecible la Patagonia. Todavía no está claro si en los diez días en que rigió el fallo hubo operaciones de venta de tierras a extranjeros.
A su vez, el fallo “CECIM” le permitió a la oposición en la Cámara de Diputados impulsar el rechazo al DNU 70/23 en su totalidad y prever su tratamiento en la sesión del jueves 15, que coincidirá con la movilización convocada por las universidades, en la que van a converger múltiples reclamos. Aunque no está claro el poroteo, esto es lo que empezó a inquietar a la Casa Rosada. El decreto (que derogó decenas de leyes y desreguló la economía) ya fue rechazado por el Senado, de modo que podría caer.
La increíble cautelar de este viernes fue celebrada por las organizaciones ambientalistas y mapuches que la impulsaron y sus representantes como el triunfo de una reivindicación popular. Pero también fue bien recibida por el Gobierno, que habría tendido algún puente con los cortesanos a través del Ministerio de Justicia, que conduce el hábil Juan Bautista Mahiques. La apuesta oficialista es que naufrague la sesión en Diputados, aunque un sector baraja poner un límite a la venta de tierras en el proyecto de “Inviolabilidad” que debe tratar la Cámara Baja.
A los jueces de la Corte lo que más les importaba era calmar el enojo generalizado dirigido hacia ellos y quedarse con la conciencia tranquila. Por eso afirmaron en su sentencia que había una situación extraordinaria, ya que estaba en juego el “derecho a la protección del ambiente”, sobre lo que tanta cátedra dieron en la universidad. Respecto de la integridad del territorio de las comunidades originarias no dijeron nada. De la legitimación, tampoco. Le dejaron todo eso al juez de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, que asumió el 6 de agosto último gracias a la tanda de pliegos que aprobó el Senado este año.
Rosatti, Lorenzetti y los conjueces se esmeraron en aclarar que la nueva decisión no se podía considerar “como un apartamiento o una modificación de criterio” respecto de lo que habían resuelto en el caso del CECIM. El voto en disidencia de Rosenkrantz los acusó de cambiar de posición “frente al descontento que en distintos sectores de la sociedad pudo haber causado” aquella sentencia. El párrafo lleva implícita la convicción de que también buscaron auxiliar al Gobierno. Ya había dicho este supremo ante la protesta en San Martín de los Andes: “Hay que tener temple para soportar las críticas a los fallos”.
Todo tiene sus vericuetos. Un conocedor de la “cronoterapia” de la Corte le dijo a Página/12 que tarde o temprano el tribunal tendrá que decir algo sobre la validez constitucional del DNU 70, que hasta ahora ha esquivado para alivio libertario. En esa línea, un rechazo de la Cámara de Diputados al decreto es, en realidad, lo que mejor les vendría a los jueces: podrían declarar todo abstracto y se ahorrarían jugarse en un pronunciamiento. Si eso no sucede, tendrán que buscar el momento para hacerlo. Como se sabe, no tienen tiempos estipulados y podrían esperar a un eventual ocaso de Milei. Mientras tanto, como siempre, tener ese as en la manga les da un instrumento de presión.
Compra de ciudadanía
Como dato adicional, no parece haber sido un detalle el anuncio del ministro Luis Caputo y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre la venta de ciudadanía a quienes inviertan en el país por 350.000 dólares o un bono a siete años por 800.000. Fue cuando terminaba la “Argentina Week” y tres días después del fallo contra el CECIM. Parecía un combo de superoferta: comprás tierra libremente sin impedimentos legales, te hacés argentino/a sin haber pisado el país y, si viene algún obstáculo legal, con la ciudadanía te alcanza. Nada fue improvisado porque, además, como informó el periodista Sebastián Lacunza, el Gobierno tuvo durante un año y medio el asesoramiento para esto del estudio británico Henley & Partners, creador del negocio de los “pasaportes dorados” y mencionado en investigaciones por presunto fraude.
Originalmente, la venta de “ciudadanía por inversión” estaba estipulada en el DNU 366/25, conocido también como un decreto antimigrantes, porque complicaba el acceso a los extranjeros (sin grandes recursos económicos) a la ciudadanía argentina, ponía requisitos adicionales y arancelamiento para acceder a la salud y la educación y, como broche de oro, le sacó al Poder Judicial las decisiones sobre naturalizaciones y se las pasó a Migraciones. Por esto último, la Cámara Electoral lo declaró nulo de principio a fin. Al Gobierno nacional mucho no le importó, o tendrá previsto publicar otra norma. ¿Dónde está esa causa ahora? En la Corte Suprema.
Como quedó claro en los últimos diez días, la Corte puede hacer las acrobacias que se le antojen para decir lo que quiera y dar vuelta como una media una decisión anterior. Es impactante. Pero elige. A veces algunos cálculos salen mal, como ya les había pasado con el 2×1 a favor de los genocidas. Entonces siempre vuelven a lo que más les importa, que son las posibilidades de perdurar.
Fuente: Pagina 12
