Los principales empresarios nacionales se muestran entusiasmados con el Tratado de Libre Comercio de la Argentina con Estados Unidos, pero las precauciones también están a la orden del día. La Sociedad Rural festejó; Paolo Rocca puso reparos; las farmacéuticas nacionales, en pie de guerra con el lobby de las multinacionales.
Las 37 páginas del acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos son un eslabón más de la principal batalla comercial que libra Donald Trump con China. En medio de esa disputa, Javier Milei debe hacer un contrapeso a la catarata de productos del gigante asiático en nuestro país, y quedar bien con su principal socio geopolítico.
El tratado comercial dado a conocer por ambos gobiernos, que incluye también inversiones, regulaciones, medidas no arancelarias y normativas técnicas, para algunos sectores poco tiene de carácter “recíproco”.
De la boca para afuera, el clima general en el empresariado es de optimismo. Pero el temor más importante en algunos sectores del empresariado nacional tiene que ver con las “asimetrías” que depara el marco de entendimiento de este acuerdo que deberá pasar por el Congreso.
Esto se ve en el comunicado que difundió la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham). En este texto, muestran su satisfacción por este acuerdo que implica la eliminación por parte de Estados Unidos de aranceles recíprocos sobre 1675 productos.
A pesar de la posibilidad de que se produzca un saldo de exportaciones adicionales por aproximadamente u$s 1013 millones, junto con el otorgamiento del trato arancelario de Nación Más Favorecida (NMF), desde la entidad admitieron que “en el corto plazo pueden observarse algunas asimetrías”.
Desde la Casa Rosada admiten que los tiempos que requerirá la puesta para el debate parlamentario de este tema hará que el tratamiento legislativo se lleve adelante recién después de las sesiones extraordinarias.
Medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores, una larga lista de productos agrícolas son los puntales de la apertura argentina para el ingreso de los mercados estadounidenses.
Otro punto importante es la adhesión del gobierno argentino en temas de protección de propiedad intelectual, por el que se buscará reforzar la aplicación de la ley contra la falsificación y la piratería. En este caso también hay fecha límite del 30 de abril para la aprobación de un tratado de cooperación internacional en materia de patentes (Patent Cooperation Treaty).
Aunque no se está en la rubricado en el texto oficial, el Poder Ejecutivo se encargó de difundir a los cuatro vientos la predisposición de la administración norteamericana para que la Argentina llegue a la cifra de 100 mil toneladas de carne vacuna, lo que representaría una ganancia de U$S 800 millones.
Esto fue recibido con beneplácito por las principales entidades rurales. “La Sociedad Rural Argentina valora positivamente el anuncio del acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproco entre la República Argentina y los Estados Unidos. El mismo representa una oportunidad para seguir profundizando la inserción internacional del país y que los productos agroindustriales amplíen el acceso a los mercados estratégicos”, señalaron desde la asociación que conduce Nicolás Pino.
En la misma línea se pronunciaron desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Asociación Argentina de Angus y la Mesa de Carnes.
Ninguna de las asociaciones hizo hincapié en los considerandos implícitos de la firma del acuerdo. Allí se deja lugar a la interpretación: no queda claro si la cantidad de toneladas de carne que no se puedan enviar en el primer trimestre de este año, porque falta la decisión final de Estados Unidos, serán acumulables o no para el siguiente período.
En el sector industrial se muestra satisfacción, pero la preocupación por las “asimetrías” es más pronunciada. El propio Paolo Rocca, que en los últimos días había sido el fusible con el que el Gobierno se despachó contra los “empresaurios”, lo dejó en claro.
“Sin lugar a dudas, la Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso. Pero la forma en la que nos abrimos nos parece muy importante. La defensa de la industria frente a las importaciones en condiciones de competencia desleal es fundamental para alentar la confianza de los inversores que quieren apostar al fortalecimiento de las cadenas de valor de los sectores en los cuales la Argentina tiene ventajas competitivas como la agroindustria, la energía y la minería”, sostuvo el CEO de Techint.
Tanto Rocca como Javier Madanes Quintanilla, titular de Aluar, se mantienen expectantes de que este marco de entendimiento entre Argentina y Estados Unidos redunde en una quita de los aranceles del 50 % que aplicó la administración Trump al acero y el hierro.
“El compromiso de los Estados Unidos está firme, o sea me han presentado una carta en el día de ayer, donde el compromiso de los Estados Unidos, en función de lo que fue la reunión bilateral entre nuestros presidentes: el Presidente Trump y el Presidente Milei, será continuamente evaluado para lograr la rebaja de aranceles que esperamos tanto en acero como en aluminio, y ahí tenemos que tener un poco más de paciencia, pero el compromiso ahí está intacto”, había señalado el canciller Pablo Quirno en la conferencia de prensa en la que participó junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Uno de los alfiles de Rocca en la UIA es su actual titular Martín Rappalini, que en las últimas horas pronunció sus primeras palabras públicas tras el acuerdo Argentina-Estados Unidos, en medio de la crisis que atraviesan sectores como las automotrices, la metalmecánica, los textiles, el calzado por el contexto de apertura significativa que pone en jaque al entramado productivo y los puestos de trabajo.
“Ellos necesitan de proveedores globales que no estén en China y ahí es donde está la oportunidad argentina de proveerlos de acero, aluminio e infinidad de productos», planteó, entusiasmado por la proyección de la industria nacional, pero al mismo tiempo exigiendo un ordenamiento macroeconómico con acompañamiento del Estado.
Con la confirmación de los lineamientos del acuerdo comercial y de inversiones, uno de los principales frentes de disputa interempresarial se desató en el sector farmacéutico.
Se reavivó la histórica disputa de los laboratorios nacionales, que se agrupan en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), y que incluye a Roemmers, Bagó, Temis Lostaló, y Richmond, con las multinacionales agrupadas en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que integran Roche, Novartis y Pfizer, entre otras firmas.
Se hizo lugar a un viejo reclamo de Estados Unidos por el que se deberán derogar regulaciones de 2012 que ofrecían ventajas para producir medicamentos a quienes no eran dueños de las patentes.
En términos concretos, el acuerdo concede a los laboratorios estadounidenses la posibilidad de patentar las variaciones menores de sus formulaciones. Con esta nueva condición se extendería en el tiempo los derechos de propiedad de las empresas norteamericanas y el cobro de regalías, que ahora tienen como plazo máximo 20 años.
Fuente: Diagonales
