La Ley N° 23.966 establece que el 4,31% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe destinarse específicamente a obras para mitigar el impacto e inundaciones. Un informe de la PBA expresó que de $175 mil millones recaudados entre 2024 y el primer trimestre de 2025 solo se ejecutaron $13.011 millones.
Las fuertes lluvias que azotaron a la provincia de Buenos Aires en los últimos días dejaron un panorama desolador. Se estima que alrededor de cinco millones de hectáreas de zonas productivas del interior bonaerense quedaron afectadas por los temporales y recuperarlas será un proceso que tomará meses. Muchas localidades y campos quedaron directamente anegados, generando enormes pérdidas materiales y una situación de emergencia que provocó un nuevo cruce entre el Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof.
Este miércoles dos espadas centrales del gobierno libertario pusieron el tema en agenda nacional. Patricia Bullrich y Manuel Adorni utilizaron la plataforma de la Casa Rosada para referirse a las inundaciones y responsabilizar al Gobierno de la PBA por su supuesta falta de obras. “Como la Provincia no lo está resolviendo y los jefes comunales no tienen jurisdicción, estamos en un escenario donde nadie asume la responsabilidad. Entonces, lo haremos nosotros. El Estado Nacional se hace cargo de la emergencia”, planteó la ministra de Seguridad y flamante senadora electa por la CABA. El nuevo jefe de gabinete, por su parte, expresó que el Gobierno nacional pondría “todos los recursos” para enfrentar la emergencia.
El intento por mostrar una vocación de asistencia a la ciudadanía frente a la catástrofe contrasta con la gestión cotidiana y la orientación ideológica del Gobierno nacional en cuanto a la realización de obras de infraestructura. La instalación de un centro de operaciones en el municipio de 9 de Julio llega tarde como propuesta frente a una realidad que requiere mucho más que apariciones oportunistas por parte del Gobierno. La exclusión del gobernador de la provincia más grande y poblada del país de los diálogos abiertos por parte del presidente Milei corre por el mismo carril.
Este jueves, la coordinación entre la administración nacional y la provincial comenzó a darse de hecho. En 9 de Julio, funcionarios de los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, de Asuntos Agrarios, Seguridad, autoridades municipales y una delegación de la cartera que conduce Bullrich mantuvieron un encuentro para abordar integralmente la emergencia en la región. Pero la asistencia por parte de la Nación podría y debería haber sido mucho más profunda que la insinuación de los últimos días.
En concreto, desde el Gobierno bonaerense informaron una sub ejecución del 92,5% de los recursos recaudados por Nación y que deberían destinarse a obras hídricas. El dato surge de la recaudación del impuesto a los combustibles, del cual el 4,31% debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica. Este fondo funciona específicamente para financiar “desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas para la prevención y mitigación de los daños provocado por inundaciones, así como a la recuperación de tierras productivas, y la protección de la infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas”, informaron desde la administración bonaerense.
Desde el Gobierno de Axel Kicillof expresaron que entre 2024 y el primer trimestre de 2025, el porcentaje de lo recaudado por el impuesto a los combustibles que debería ir a obras hídricas alcanzó el monto de 175 mil millones de pesos. De ese total, sólo se llevan ejecutados $13.011 millones, lo cual representa una ejecución del 7,45% de los fondos disponibles para esas obras. Cabe recordar aquí que la coparticipación automática del impuesto a los combustibles es uno de los reclamos que los gobernadores llevaron al Congreso este año, justamente para subsanar este tipo arbitrariedades en la utilización de recursos que se producen en las provincias y que el Gobierno nacional retiene a discreción.
El Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado contempla un trabajo por etapas, que se encuentra avanzado y fue paralizado por la falta del financiamiento que debería haber llegado del Gobierno nacional. El curso del río fue dividido en cinco tramos, de los cuales los primeros tres ya se encuentran finalizados. El cuarto tramo, a su vez, consta de cuatro etapas de las cuales la 1, 3 y 4 también finalizaron, mientras que “la etapa 2 se encuentra paralizada por parte del actual Gobierno Nacional”, informaron desde la PBA. El quinto tramo “se encuentra en proyecto y análisis presupuestario por parte del gobierno bonaerense”, agregaron.
El Gobierno bonaerense informó también que “durante este año se destinaron fondos provinciales a los municipios para el mantenimiento de los caminos rurales y se reforzó esa partida con $2.000 millones”. A su vez, para la asistencia en la emergencia la Dirección de Vialidad Provincial y de Hidráulica puso a disposición máquinas retroexcavadoras, motoniveladoras, retropalas y camiones para construir terraplenes y defensas, y se realizaron tareas para desagotar áreas urbanizadas, además de limpieza de arroyos y canales.
Fuente: Diagonales
