El Gobierno insiste con “modernizar” la legislación laboral para generar empleo, pero los datos muestran que la desregulación profundiza la precarización, especialmente entre los jóvenes donde la desocupación duplica la media general.
Envalentonado con el resultado electoral, el gobierno nacional reactivó el debate en torno a una reforma laboral. Si bien el argumento del oficialismo recae en la necesidad de “modernizar” la legislación vigente lo que -aseguran sus funcionarios- tendría impacto positivo en la cantidad de puestos de trabajo, lo cierto es que en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y pese a los cambios ya implementados desde 2024 con el capítulo laboral de la “Ley Bases», se perdieron más de 200.000 empleos asalariados registrados, un nivel máximo alcanzado por el actual gobierno, con particular destrucción en el sector privado (-126.000 puestos).
En este esquema despierta especial alerta el impacto en las y los jóvenes, los más golpeados por el desempleo y la precarización laboral. Los datos históricos ponen sobre la mesa que, en periodos de mayor desregulación laboral, fue este segmento el que más sufrió el golpe: en la crisis del 2001 y tras los años de políticas económicas menemistas (flexibilización laboral, reducción de Contribuciones Patronales, privatización de la Seguridad Social, entre otras) la tasa de desempleo para las personas menores de 25 años llegó a un máximo histórico (38%) mientras que para 2007, en un marco de recuperación de la actividad y generación de más de 3 millones de puestos, ya había caído al 18%.
Es decir que la mayor desprotección del trabajador presentada como “beneficio” para incentivar la contratación, lejos de evidenciarse en la práctica, dejó una profundización de problemas estructurales: lo hecho hasta ahora lejos de crear empleo en buenas condiciones, apuntó a cambios regresivos que perjudicaron a las y los trabajadores al «legalizar» condiciones precarias de contratación lo que, a su vez, no solo afecta las condiciones presentes, sino a la propia sustentabilidad del sistema jubilatorio, con mayor caída del poder de compra del salario. En otras palabras, las propias cifras oficiales muestran que la mayor desregulación laboral no crea empleo, ya que la contratación está directamente vinculada al nivel de actividad.
Al momento, La Libertad Avanza (LLA) dejó trascender que la propuesta de reforma que buscaría tratar una vez conformado el nuevo Congreso el próximo 10 de diciembre podría incluir acuerdos de trabajo por empresa (en lugar de por actividad), aumentos salariales por productividad, extensión del horario laboral, indemnizaciones en cuotas, nuevo régimen de vacaciones, entre los puntos principales.
En Argentina viven más de siete millones de jóvenes (25,0% del total) que estudian, trabajan y cuidan, aunque no lo hacen en las mismas condiciones que la población de mayor: enfrentan altos niveles de desocupación mientras casi un 60% trabaja en la informalidad. Esta problemática conlleva también que dos de cada tres jóvenes no alcance a cubrir una canasta básica.
En concreto, este grupo etario (considerando la franja de 14 a 29 años que toman las mediciones oficiales) registra históricamente tasas de actividad y empleo más bajas que las de la población total. Por un lado, la tasa de actividad de las y los jóvenes fue, en el segundo trimestre del 2025, del 51,4% entre los varones y del 42,0% entre las mujeres, ubicándose 18,2 y 10,1 puntos por debajo de las tasas totales para varones y mujeres, respectivamente. En cuanto al empleo, las tasas de 44,8% (varones) y 34,9% (mujeres) quedaron 20,1 y 12,7 puntos por debajo de la población total de cada sexo considerado.
La menor estabilidad laboral va de la mano de mayores niveles de desocupación que, tanto en mujeres como en varones jóvenes, llega a duplicar a la población general. En detalle, el desempleo de las mujeres jóvenes se posicionó en 16,9% en el segundo trimestre del 2025, esto es 0,4 puntos por arriba de igual periodo del 2024, siendo además 9,3 puntos mayor a la desocupación total. Por su parte, la desocupación en varones jóvenes fue de 12,7%, (-1,0 punto vs. 2T2024) pero quedó 5,1 puntos por arriba de la tasa a nivel general.
Ahora bien, si se analiza en perspectiva histórica, se observa que la política económica de cada gobierno, el nivel de actividad, generación de puestos y medidas en torno al mercado laboral, pueden agravar o dar respuesta a esta problemática. Entre 1990 y 2002 la tasa de desempleo para las personas menores de 25 años llegó a un máximo histórico (38% en mayo de 2002). Sin embargo, en el periodo siguiente comenzó a descender y se ubicó en 18,0% en el segundo trimestre de 2007, luego subió a 21,0% en igual período de 2009 y volvió a bajar en torno al 18% para 2015.
Los datos evidencian que en los momentos en los que se priorizaron políticas de desregulación laboral es cuando más creció la tasa de desocupación de este segmento que, lejos de verse favorecido, fue duramente golpeado por medidas como la flexibilización laboral en las contrataciones, reducción de Contribuciones Patronales y privatización del sistema de Seguridad Social como ocurrió en la década menemista de los ‘90. La propia tasa de desocupación general pasó de 8,6% (1990) a 21,5% (2002).
A diferencia, la caída de la tasa de desocupación juvenil en 2007 se dio en el marco de un cambio en las políticas económicas entre 2003 y 2015. La reactivación de la actividad económica y la generación de puestos de trabajo (+3,0 millones), así como la estatización de la Seguridad Social favorecieron la inserción laboral de este segmento etario. En dicho marco la desocupación general se redujo del 20% a 5,9%.
En esta línea, si se mira el período 2016-2019 se advierte que el desempleo volvió a escalar en las y los jóvenes, y para el segundo trimestre de 2019 tocó el 26,0%. En esta etapa, en sintonía con las medidas adoptadas en el primer período comparado, la desregulación laboral volvió a tener protagonismo en un contexto donde se destruyeron 280 mil fuentes de trabajo registrado privado y la desocupación total pasó de 5,9% a 10,6%. Asimismo, predominó el “incentivo” laboral mediante beneficios impositivos para los grandes grupos empresariales y el fomento de contratos flexibles para el primer empleo que no se tradujeron en más ni mejores condiciones de trabajo.
Para el 2020, el efecto de la pandemia en la actividad económica golpeó de lleno a los jóvenes con una tasa de desempleo que llegó al 33,9% en el segundo trimestre de ese año. A partir de la reactivación económica posterior (crecimiento de 10,3% PBI en 2021 y recuperación de 450 mil puestos a octubre de 2022) el desempleo para las y los jóvenes de hasta 24 años se ubicó en 17,3% en el segundo trimestre de 2022.
En lo que va de gestión de La Libertad Avanza (LLA) la precarización laboral en los varones jóvenes pasó del 46% al 54% (+8 puntos) y en las mujeres jóvenes registró un salto del 53% al 57% (+4,0 puntos), consolidándose como uno de los segmentos de la sociedad más precarizados. Al respecto, según el Centro de Innovación de las y los Trabajadores (CITRA), “se evidencia una acentuación de las desigualdades estructurales y el problema continúa siendo especialmente crítico en la población joven”.
La reforma laboral –parcial- aprobada el año pasado en la «Ley Bases», lejos de los argumentos del oficialismo que prometían más empleo formal, terminó por precarizar aún más el ingreso a un trabajo (extensión del periodo de prueba a seis meses), fomentar la no registración (monotributo en lugar de relación de dependencia vía el sistema de “colaboradores independientes”) y facilitar el despido (reemplazo de indemnizaciones por la opción de fondos comunes y fideicomisos financieros). En esta coyuntura la informalidad laboral se disparó al 42%, según el INDEC.
Fuente: El Destape
