La Ley de Abastecimiento, aplicada por la Secretaría de Comercio, habilita al Estado nacional a tomar medidas sobre los precios, como fijar números máximos y sancionar a empresas que suban el valor de los productos de manera “injustificada”.
Según aclara el texto de la norma, la ley rige «con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios —sus materias primas directas o indirectas y sus insumos— lo mismo que a las prestaciones —cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado, de carácter gratuito u oneroso, habitual u ocasional— que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población».
Se encuentra vigente desde 2014 e influye en todos los procesos de la compraventa: desde la fabricación hasta la distribución y venta o contratación.
El decreto que apunta a desregular la economía, conversado durante la reunión de Gabinete de este jueves, necesitará de los votos en el Congreso, una zona hostil para las iniciativas del presidente libertario quien no posee mayoría en ninguna de las dos cámaras. Sin embargo, desde el Gobierno remarcan que «hay buena predisposición de muchos sectores y de gobernadores, incluido el peronismo».
