Caputo autorizó una excepción para que SACDE, del mismo grupo, compute dentro del 20% obligatorio de proveedores nacionales. Al mismo tiempo, habilitó a Fértil Pampa a importar con los beneficios aduaneros del RIGI
El RIGI aprobado por el gobierno de Javier Milei para el proyecto de fertilizantes de Pampa Energía dejó expuesta una de las trampas del régimen diseñado para atraer grandes inversiones: Marcelo Mindlin podrá cumplir parte de la exigencia de contratación nacional contratando a una empresa de su propio grupo económico.
La maniobra quedó escrita en la Resolución 1468 que firmó Luis Caputo y se dió a conocer este lunes. El Ministerio de Economía aprobó el ingreso al RIGI de Fértil Pampa SAU, el vehículo creado por Pampa para construir un complejo de urea y amoníaco en Ingeniero White, Bahía Blanca.
La inversión declarada alcanza los 2.693 millones de dólares en cinco años. Además, el proyecto recibió además la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo.
Pero la parte más interesante de la resolución aparece en la letra chica. El RIGI exige que los proyectos presenten un plan de desarrollo de proveedores locales que alcance por lo menos el 20%. Es un porcentaje que la industria argentina ya considera raquítico frente a los enormes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios concedidos por el Estado.
Pampa encontró una manera bastante particular de cumplirlo. La construcción de la planta fue adjudicada mediante un contrato EPC llave en mano al consorcio integrado por la italiana Tecnimont y SACDE. Esta última es de su propiedad. Es decir, una compañía vinculada al dueño del proyecto aparece al mismo tiempo del otro lado del mostrador como contratista nacional.
El problema fue advertido por la propia empresa. En la presentación ante Economía, Fértil Pampa reconoció que SACDE es una «sociedad vinculada» y pidió una excepción para que su participación pudiera contabilizarse dentro del porcentaje obligatorio de proveedores locales. El pedido se hizo al amparo del artículo 49 de la reglamentación del RIGI.
Caputo se la concedió. La justificación quedó asentada en el expediente. Pampa sostuvo que realizó un proceso licitatorio internacional y que SACDE era «la única empresa local capaz de satisfacer la demanda en las condiciones requeridas». Economía aceptó el argumento y permitió computar la participación de la constructora vinculada dentro del compre nacional.
La arquitectura es perfecta. El Estado concede beneficios extraordinarios a una empresa para que realice una inversión. A cambio le exige un piso mínimo de participación nacional. La empresa contrata a otra sociedad vinculada al mismo grupo y el propio Estado autoriza excepcionalmente que esa contratación sirva para alcanzar el requisito. El derrame, antes de llegar a las pymes, pasa por casa.
La decisión resulta todavía más llamativa porque el mismo acto administrativo que concede la excepción autoriza el listado de mercaderías que Fértil Pampa podrá ingresar al país bajo la franquicia del artículo 190 de la Ley Bases. Es decir, con los beneficios de importación que ofrece el RIGI.
Así aparece el corazón de la trampa. El proyecto puede utilizar una empresa relacionada con su propio accionista para completar parte del casillero de «proveedor local» y, al mismo tiempo, importar equipamiento bajo un régimen excepcionalmente favorable.
El dato pega de lleno en una de las discusiones más calientes entre el Gobierno y la industria. Las cámaras fabriles vienen cuestionando que el piso del 20% es demasiado bajo para proyectos que reciben estabilidad fiscal por décadas, rebajas impositivas, franquicias aduaneras y ventajas cambiarias. En el caso de Mindlin, ni siquiera todo ese porcentaje necesariamente tendrá que disputarse entre proveedores independientes.
El proyecto, por otra parte, es enorme. Fértil Pampa construirá dos plantas gemelas de urea granulada con capacidad de 3.000 toneladas diarias cada una y una planta de amoníaco de 3.450 toneladas por día. Utilizará gas de Vaca Muerta y ocupará unas 80 hectáreas dentro del Puerto de Bahía Blanca.
Pampa proyecta desembolsar 1.105 millones de dólares hasta fines de 2027 y otros 1.588 millones entre 2028 y diciembre de 2029. Durante los primeros dos años deberá acreditar inversiones por 1.666 millones de dólares.
Argentina importa actualmente alrededor de 1,3 millones de toneladas anuales de urea y el objetivo declarado es reemplazar esas compras y generar además un nuevo polo exportador. Ese potencial productivo es precisamente lo que vuelve más relevante la discusión sobre cuánto queda efectivamente en el país.
No se trata de una inversión marginal sino de uno de los grandes proyectos industriales incorporados al RIGI. La excepción concedida a Mindlin abre un precedente para los próximos RIGI. Si las empresas vinculadas a los propios beneficiarios pueden integrar el porcentaje obligatorio de proveedores nacionales, los grandes conglomerados que poseen constructoras, firmas de ingeniería o compañías de servicios tienen una ventaja evidente frente a grupos que deben salir al mercado a contratar ese 20%.
Fuente: LPO
