La Provincia presentó una denuncia ante la Justicia Federal por fondos del SISVIAL que, según la presentación, fueron colocados en instrumentos financieros en lugar de destinarse a obras y mantenimiento vial. Además, reclamó investigar el perjuicio generado por la paralización de obras y el deterioro de rutas nacionales.
El Gobierno de La Rioja pidió ante la Justicia Federal que la Provincia sea reconocida como querellante en la causa que investiga el destino de más de $1 billón del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). La presentación fue realizada por el gobernador Ricardo Quintela, en representación del Estado provincial, y sostiene que recursos que por ley tienen como destino la construcción, conservación y mantenimiento de la red vial nacional fueron colocados en instrumentos financieros en lugar de ser aplicados a obras.
De acuerdo con la documentación incorporada a la presentación, al 31 de mayo de 2026 había $1.001.017.908.957 del SISVIAL colocados en plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional. La denuncia señala además que durante los primeros dos años y medio de la actual gestión nacional se asignaron al sistema aproximadamente $1,5 billones, pero sólo $394.406 millones fueron efectivamente aplicados a obras y mantenimiento vial. La diferencia representa una subejecución estimada del 73,8%.
Para la Provincia, la magnitud y permanencia de esas colocaciones muestran que los recursos fueron utilizados para un destino diferente del establecido legalmente. El planteo sostiene que los fondos del SISVIAL no son de libre disponibilidad, sino que forman parte de un esquema de recursos tributarios con una afectación específica para la infraestructura vial. Mientras esos recursos permanecieron colocados en instrumentos financieros, numerosas obras comprometidas quedaron paralizadas o registraron avances mínimos y distintos corredores de la red nacional profundizaron su deterioro.
El perjuicio que La Rioja llevó a la Justicia
La decisión de la Provincia de intervenir en la causa no responde solamente a una discusión sobre la administración de recursos nacionales. La Rioja sostiene que la falta de ejecución de esos fondos produjo un perjuicio concreto sobre su territorio, donde el Estado provincial debió afrontar con recursos propios tareas que corresponden a la jurisdicción nacional.
Uno de los principales casos es el de la Ruta Nacional 76, un corredor estratégico para el oeste riojano y para la conexión internacional a través del Paso de Pircas Negras. La presentación señala que Nación dejó de renovar el convenio mediante el cual Vialidad Provincial realizaba tareas de mantenimiento sobre sectores de esa ruta, pese a lo cual la Provincia continuó garantizando su transitabilidad. Según la documentación incorporada, esos trabajos representaron para las arcas provinciales una inversión cercana a $900 millones durante la actual gestión nacional.
A esta situación se suma la paralización de la pavimentación de la Ruta Nacional 76 en la Quebrada de Santo Domingo, una obra considerada estratégica para las localidades del oeste y para consolidar la conexión con Chile a través de Pircas Negras. La Provincia también describió problemas de mantenimiento en las rutas nacionales 78, 79 y 141, con sectores afectados por baches, deformaciones y otras deficiencias que comprometen las condiciones de circulación y la seguridad vial.
La presentación fue realizada con el patrocinio letrado del abogado Jorge Yoma, quien confirmó la decisión de la Provincia de constituirse como querellante en la causa. En una publicación en redes sociales, Yoma señaló que La Rioja se presentó “por derecho propio” y cuestionó el desvío de los recursos del SISVIAL, además de remarcar el perjuicio provocado por la paralización de obras viales estratégicas para la provincia y el país.
Entre esas obras, el abogado destacó el corredor bioceánico que conecta La Rioja, Chilecito, Pircas Negras y la República de Chile. Yoma también planteó que, en su condición de querellante, la Provincia impulsará junto al Ministerio Público las acciones necesarias para determinar las responsabilidades penales y civiles y reclamar la devolución de los recursos a las provincias.
Qué investiga la Justicia
La presentación judicial plantea la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras figuras cuya existencia y eventual responsabilidad deberá determinar la Justicia. El objetivo es investigar si la utilización de los recursos del SISVIAL para colocaciones financieras alteró el destino específico establecido por ley.
La denuncia alcanza al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo, a funcionarios nacionales vinculados con la administración de los recursos, a autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y a funcionarios del Banco de la Nación Argentina que hayan intervenido en la operatoria investigada. La Provincia pidió además preservar instrucciones, expedientes, correos electrónicos, registros contables y bancarios vinculados con el manejo de los fondos desde enero de 2024, y solicitó información al Ministerio de Economía, al Banco Nación y a Vialidad Nacional para reconstruir el circuito de las decisiones, identificar a los funcionarios que participaron y determinar las responsabilidades correspondientes
Fuente: El Destape
