Procesado por negociaciones incompatibles y defraudación, Eduardo “Pino” González aparece como la pieza que conecta las coimas en la Andis con el recorte masivo de pensiones por discapacidad. Chats, transferencias y un ascenso exprés completan la trama.
La causa Andis sigue siendo una caja de sorpresas. Entre la saga de personajes procesados la semana pasada por el juez Sebastián Casanello aparece uno en particular, Eduardo Nelio González, que podría ser la llave que vincule la operatoria de las coimas con un escándalo paralelo: el del recorte de miles de pensiones para personas con discapacidad. El empresario señalado como uno de los jefes de la banda, Miguel Ángel Calvete, se refiere jocosamente a González en uno de los chats que forman parte de la extensa prueba recaudada en el expediente como “el terror de los rengos”.
Según reconstruyó Casanello, González fue un hombre clave en la operatoria de corrupción porque actuó como una suerte de “doble agente”, que atendía a los dos lados del mostrador. Mientras ocupaba un despacho en la Andis, mantenía un rol preponderante en la administración de la Droguería Profarma SA, una de las firmas que resultó más beneficiada con las compras de medicamentos de alto costo direccionadas desde dentro y fuera del organismo.
González –también apodado “Pino”– filtraba información reservada de las licitaciones a Calvete, a quien, dijo, lo une un vínculo de “amistad” desde antes de desembarcar en la función pública. Calvete y González eran socios por lo menos desde el año 2006 en distintas empresas como “Tradereatil SRL” y “Proveedora Integral de Supermercados Chinos SRL”. Esta última firma comparte domicilio con “Indecomm SA”, también a nombre de Calvete, de cuyas cuentas bancarias partieron varias transferencias –se sospecha que a modo de coima– para el ex director de la Andis, Diego Spagnuolo.
González también se llevaba su parte: en la causa figuran por lo menos dos pagos recibidos de parte de Calvete, uno por 4 mil dólares en efectivo y otros 1.500 en cheques. El perfil de gastos bancarizados del ex funcionario mostró además una expansión del 482% entre diciembre de 2023 y junio de 2025. El juez, además de procesarlo por los supuestos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación por administración infiel, le fijó un fijó un embargo por casi 172 millones de pesos.
“El terror de los rengos”
Por sus servicios a Calvete y al resto de la banda, “Pino” también logró un ascenso importante dentro de la agencia, un hecho clave para establecer los roles de cada personaje dentro del grupo. González fue nombrado por Spagnuolo como titular de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas vía una resolución de la Andis del 12 de junio de 2025.
Tanto el rol que ocuparía como la fecha de designación formal son dos datos importantes para la trama. El expediente da casi por probado que la formalización del cargo de “Pino” como director se dio como contraprestación de un pago a Spagnuolo de parte de Calvete de 5 millones de pesos en efectivo, que el ex director de Andis necesitaba con urgencia para realizar un viaje a Israel –invitado por la embajada– del que finalmente no participó. Los chats y llamados cruzados para la entrega del dinero son del 11 de junio, 24 horas antes de la resolución.
Para festejar el ascenso de uno de sus nombres en la estructura de la Andis, Calvete le envía otro mensaje a Daniel Garbellini (ex número dos de la agencia, despedido poco después de la filtración de los audios y también procesado) en el que se vanagloria de que González se convertirá en “el terror de los rengos”.
Daniel Garbellini.
González reconoció ante el juez en su declaración indagatoria que su tarea era la de dar de baja a beneficiarios de las pensiones por discapacidad. Dice el fallo al respecto que “se abocó a las suspensiones de pensiones no remunerativas, hasta septiembre, momento en que fue desvinculado del organismo”. A juzgar por el desaguisado que armó la administración libertaria para recortar las pensiones –área del propio González– se entiende por qué Calvete le puso ese apodo transitorio.
El ajuste en las pensiones
Durante la mayor parte del año pasado, la Andis puso en marcha una auditoría que recayó sobre las casi 1.200.000 personas con discapacidad que cobran una pensión. Tal como lo había hecho antes con los comedores populares y otras ayudas del Estado, la administración libertaria se lanzó a la búsqueda de irregularidades que le sirvan para justificar recortes. El objetivo de ajuste en la materia ya estaba dictado de antemano: figuraba en las metas del proyecto de presupuesto de 2025 y hasta en las “recomendaciones” del staff report del FMI de agosto pasado.
González fue uno de los funcionarios que estuvieron a cargo de esas auditorías predestinadas al ajuste. Una semana antes de que se desatara el escándalo de las coimas, González reconoció que ya habían suspendido por lo menos a 80 mil beneficiarios. Lo hizo durante una reunión de la Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), que reunió en San Juan a los funcionarios de discapacidad de las provincias, quienes filtraron el dato.
Las auditorías causaron muchos dolores de cabeza a las provincias y municipios, principalmente por su mecanismo: la idea siempre fue que la parte más pesada la asumieran los propios pensionados, que recibieron en sus casas cartas documento con la convocatoria a “auditarse” en los centros de salud más cercanos. En algunos pueblos y ciudades del interior, lo “más cercano” eran cientos de kilómetros. Varios intendentes y secretarios de salud debieron poner micros para ayudar a los beneficiarios a trasladarse y no perder la ayuda.
Eduardo “Pino” Gonzalez.
Las cartas documento se enviaron gracias a una licitación millonaria que Spanguolo firmó con las empresas como Andreani y Correo Argentino. Los renglones más jugosos fueron para Andreani, por un total de 13 mil millones de pesos. En una comparecencia ante el Congreso antes de dejar el cargo, el exjefe de gabinete Guillermo Francos reconoció que la mitad de esas cartas documento nunca habían llegado a destino. Fue con el escándalo de las coimas ya desatado. Había por lo menos unas 400 mil personas a punto de perder la pensión por la propia impericia del gobierno, más precisamente de Spagnuolo y de funcionarios como el propio González.
A esa altura de la partida el Gobierno tenía un problema extra: el Congreso había sancionado con amplias mayorías la ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por el Presidente porque entre otras cosas obligaba ya no frenar el recorte de pensiones, sino a incorporar unos 400 mil beneficiarios más en los próximos años.
Casi todos los días llegaban a la puerta de la Andis decenas y hasta cientos de personas ciegas, sordas, en sillas de ruedas o con discapacidad intelectual, acompañados por familiares, para saber qué pasaría con ellos, si seguirían cobrando o no. Fue el peor momento para la administración libertaria, que mostraba el desaguisado que habían armado con las políticas para el sector, más expuesta que nunca con la carnadura de las coimas.
González fue, además, el encargado de mandar al frente a un ministro, al que culpó por el desastre. En esa misma reunión del COFEDIS de San Juan, “el terror de los rengos” fulminó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien culpó por el fracaso de las auditorías.
Esa versión coincide con los audios filtrados de Spagnuolo, en el que ex titular de la Andis se queja de que Sturzenegger le envió un funcionario de su riñón a meterse en el proceso de licitación con la empresa de correos (en este caso, Andreani). «Yo venía negociando con ellos y me mandaron a uno a meterse y me hicieron quedar para el culo», protesta.
Habrá que ver si la justicia tiene como opción tirar de ese hilo e investigar si las coimas no corrían también en el área de pensiones. Sobre todo, teniendo de por medio a un personaje como “Pino”.
Fuente: Diagonales
