Diagonales accedió a documentos comprometedores sobre una posible maniobra para falsear contrataciones públicas a favor de la empresa de un exministro del PRO. El Gobierno ocultó información y admitió que adjudicó nuevas compras en lugar de prorrogar las anteriores. Primicia absoluta.
Documentos a los que accedió Diagonales en exclusiva confirmarían la sospecha que desde hace un año y medio orbita la investigación de este medio sobre las multimillonarias contrataciones públicas otorgadas por la administración de Javier Milei a Prodevent, la empresa del exministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari: que las licitaciones iniciadas por la secretaria general Karina Milei, idénticas en forma y contenido y valuadas en más de $3.000 millones, habrían sido truchadas para beneficiar al exfuncionario del PRO. Corrupción, eventos de lujo e información oculta por el Gobierno. Primicia absoluta.
Diagonales ya reveló en reiteradas ocasiones (mayo de 2025, octubre de 2025 y octubre de 2026), como parte de un exhaustivo seguimiento, la escalada de adjudicaciones obtenidas por Prodevent para proveerle al Estado el servicio de “organización, realización y producción de eventos y actividades presidenciales o de interés presidencial en todo el territorio nacional”. El último informe, publicado la semana pasada, reflejó una nueva prórroga a cargo del exvocero Manuel Adorni más otra operación firmada este año por Diego Santilli como Jefe de Gabinete.
Debido al botín de $3.000 millones (a valor actualizado) conseguido por Ferrari durante la Era Milei, a los pliegos prácticamente idénticos utilizados una y otra vez para contratar a la compañía, a la irregular ausencia de documentos oficiales, y a la falta de explicaciones sobre el destino final del dinero desembolsado en la compulsa, este medio presentó varios pedidos de acceso a la información pública con el fin de conocer la verdad sobre las adjudicaciones a Prodevent. Y ello develó las pruebas de un posible delito de enorme gravedad en el Gobierno.
¿Una prórroga oculta en una licitación?
Diagonales descubrió que, entre la primera adjudicación y la segunda, lo que se formuló como “licitaciones públicas” habría consistido en un direccionamiento de contrataciones a favor de Prodevent. Así lo atestiguó el propio área de Karina Milei ante la consulta de este medio: “El organismo contratante [Secretaría General de la Presidencia] resolvió no ejercer la opción de prórroga prevista en los pliegos y promover un nuevo procedimiento de selección a fin de asegurar la continuidad del servicio”.
El fragmento, tomado de manera textual de la respuesta obtenida ante el pedido de acceso a la información pública, comprueba a las claras que en realidad, tras el vencimiento de la primera adjudicación, firmada en febrero de 2025 por $528.100.000, la intención del Gobierno siempre había sido prorrogar el contrato. En base a ello es que surgió la segunda compulsa, aprobada en agosto de 2025 por $599.910.000.
Sin embargo, no hubo prórroga, sino licitaciones públicas abiertas a otros competidores. Pero casualmente el ganador fue el mismo: Prodevent. Así, la empresa de Ferrari se hizo con más de $1.000 millones en cuestión de seis meses. Mientras tanto, los demás oferentes se marcharon con las manos vacías y sin conocer que se habían anotado en una licitación que en realidad siempre quiso ser una prórroga de un contrato previo. El resultado es una presunta violación del reglamento de contrataciones y un posible delito de corrupción en la administración pública.
Ante la pregunta de Diagonales, el Gobierno Nacional justificó que la creación de dos licitaciones públicas por separado en lugar de la extensión del contrato anterior se debía a “un cambio de jurisdicción del área interviniente” en virtud del cual el procedimiento fue migrado “al ámbito de la Secretaría de Comunicación y Medios”. Es cierto: efectivamente se realizó la mudanza del área de Karina a la de Adorni; sin embargo, lo que no cambió fue la empresa ganadora. De yapa, también incrementó el presupuesto total asignado a la compra.
Sobran los motivos para sospechar que lo que la administración libertaria mostró como compulsas distintas en realidad se habría tratado de una “prórroga” encubierta. Pasando en limpio, las dos contrataciones contaron con:
- Mismo título.
- Mismas especificaciones técnicas.
- Mismos 16 renglones (la primera licitación tenía 18, pues también incluía un servicio de cátering; el resto de renglones permaneció intacto).
- Mismo organismo contratante (la Secretaría de Adorni era jurisdicción de Karina).
- Misma empresa ganadora.
Rara vez se observan tantas casualidades entre dos licitaciones públicas supuestamente distintas.
El «inconveniente técnico» que eliminó todos los datos
El otro eje destacado sobre la seguidilla de contrataciones es el destino de los fondos asignados a Prodevent. Entre la primera y segunda licitación recién mencionadas, este medio descubrió una llamativa ausencia de documentos oficiales. Resulta que, a diferencia de lo que ocurre con todas las demás contrataciones públicas tramitadas a través del sitio estatal, el procedimiento de febrero de 2025 no incluye el detalle sobre la orden de compra, el monto total y la empresa ganadora.
No es un punto menor: en la segunda adjudicación, y en la tercera y cuarta que le siguieron, resulta visible públicamente en qué actividades oficiales fue utilizado el dinero. Pero en la primera esa información fue ocultada por el Gobierno. Debido a ello, no se conoce qué ocurrió con los $528.100.000 asignados por Karina a Prodevent.
Lo más impactante del caso es que, cuando Diagonales preguntó al respecto en un pedido de acceso a la información pública, el Gobierno se limitó a explicar que “se registró un inconveniente técnico en el sistema electrónico” que “impidió la carga y visualización de la documentación”. Esa fue la explicación oficial ofrecida por la Secretaría General de la Presidencia, que más de un año y medio después aún no ha revelado adónde fueron destinados los fondos otorgados a Ferrari.
Karina y la entrevista de $26.400.000
Esa no es la única omisión de información pública en las operaciones. Como se dijo previamente, las contrataciones 2°, 3° y 4° sí incluyen el desagregado por “evento”, que confirma que Prodevent se encargó de organizar actos como los del 2 de Abril, los del 25 de Mayo y los del 9 de Julio, además de eventos como el lanzamiento de la Reforma del Código Penal en 2025 o la Apertura de Sesiones Ordinarias de 2026.
Sin embargo, muchos actos aparecen simplemente bajo el título genérico de “servicio integral para la organización, realización y producción de eventos y actividades presidenciales”, mientras que otros mencionan hechos como “entrevistas”. Al respecto, Diagonales realizó otro pedido de acceso a la información pública al que las autoridades libertarias contestaron con la verdad sobre las actividades financiadas con el dinero en cuestión.
Allí, el Gobierno admitió que la “entrevista” que Prodevent produjo involucró solamente a dos personas: “El señor Presidente de la Nación y el periodista Louis Sarkozy”, hijo del expresidente francés Nicolás Sarkozy. Por ese reportaje de una hora Karina mandó a pagar $26.400.000. La “torta” se la llevaron la empresa de Gustavo Ferrari y el podcast liberal de Sarkozy, que ese día salió de Casa Rosada con una nota exclusiva bajo el brazo y sin haber puesto micrófonos, cámaras, luces ni ningún objeto de grabación parecido.
Es menester remarcar que, según las especificaciones técnicas de los pliegos, cada una de estas actividades debería haber contado con elementos como escenario, parlantes, equipos de sonido, camarines, carpas, sillas, mesas, livings, aires acondicionados, baños “de primera línea”, servicio de cátering e inclusive custodios y médicos privados. Resulta difícil comprender dónde entraron todos esos componentes, que ya estaban pagos, en la entrevista de Milei con Sarkozy.
La otra pata de las sospechas radica en Prodevent y, en particular, su miembro fundador Gustavo Ferrari. El abogado juró como Ministro de Justicia –nada más y nada menos– de la Gobernación de María Eugenia Vidal en 2016. Al término de la gestión del PRO en PBA, se alejó de la política, pero la llegada de Milei le posibilitó regresar con un nuevo rol. Desde entonces, ganó todas las compulsas nacionales de las que participó y se llevó $3.000 millones a través de licitaciones públicas plagadas de irregularidades y presuntamente amañadas.
Fuente: Diagonales
