La Alcaldía de París reclamó la intervención de la Cancillería francesa por la gestión de Santiago Muzio, que tiene denuncias por persecución ideológica.
La gestión de Javier Milei sumó un conflicto inesperado en Francia. Autoridades de la Alcaldía de París solicitaron la intervención del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores francés ante las denuncias que rodean a Santiago Muzio, el abogado franco-argentino designado en 2024 para conducir la histórica Casa Argentina de la Ciudad Internacional Universitaria de París.
El planteo lleva a otra dimensión una controversia que se arrastra desde hace meses. Residentes, académicos, escritores y dirigentes políticos denunciaron expulsiones o falta de renovación de plazas, supuestos criterios de discriminación ideológica, cuestionamientos sobre la administración del edificio y la utilización de sus instalaciones para actividades vinculadas con sectores de la derecha radical europea.
La controversia también llegó al Congreso argentino. En la Cámara de Diputados fueron presentados pedidos de informes para que el Poder Ejecutivo explique las decisiones adoptadas por la conducción, los criterios utilizados para la permanencia de residentes, la situación financiera y edilicia y los mecanismos de supervisión aplicados sobre una institución que depende del Estado nacional.
París llevó las denuncias contra Santiago Muzio a la Cancillería francesa
El movimiento más fuerte provino de la propia administración parisina. Mélody Tonolli, responsable del área universitaria, de investigación y vida estudiantil, y Audrey Pulvar, encargada de Relaciones Internacionales de París, reclamaron la intervención del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores.
Las autoridades pusieron sobre la mesa acusaciones relacionadas con expulsiones o no renovación de residentes, disminución de las plazas disponibles, el retiro de una placa dedicada a los desaparecidos durante la última dictadura argentina y la realización de actividades presuntamente relacionadas con sectores políticos de extrema derecha.
El planteo apunta además al cumplimiento de los principios de la Ciudad Internacional Universitaria de París (CIUP), el complejo en el que funciona la Casa Argentina y que tiene entre sus pilares institucionales el pluralismo, la convivencia internacional, las libertades académicas y la no discriminación.
Hasta el momento no se informó oficialmente la apertura de una investigación formal por parte del Ministerio francés. Sin embargo, que funcionarios de París hayan elevado el caso supone un salto político considerable: la controversia dejó de limitarse a las paredes de la institución argentina y comenzó a involucrar directamente a autoridades del país anfitrión.
La placa de los 30.000 desaparecidos que encendió la polémica
Uno de los episodios que mayor repercusión provocó ocurrió en febrero, cuando fue retirada de la entrada de la Casa Argentina una placa colocada en 2022 en homenaje a “los 30.000 desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado”.
La decisión quedó posteriormente incorporada a presentaciones realizadas en el Congreso argentino, donde se señaló a Muzio como responsable de ordenar su retiro. Desde el Ministerio de Capital Humano, en cambio, se sostuvo que la medida estaba relacionada con trabajos de mantenimiento y modernización del edificio.
La explicación oficial no terminó con el conflicto. Intelectuales, investigadores, artistas, académicos y exautoridades de la Casa Argentina impulsaron una petición para reclamar su restitución que consiguió miles de adhesiones.
La controversia adquirió una dimensión particularmente incómoda para el Gobierno cuando las propias autoridades francesas participaron de las actividades de memoria. En abril, el ministro francés de Educación Superior e Investigación, Philippe Baptiste, estuvo presente durante la colocación de una nueva placa en el exterior de la institución.
El episodio convirtió una decisión administrativa en una señal política. Mientras la gestión argentina retiraba el reconocimiento instalado dentro de la Casa, representantes institucionales franceses acompañaban públicamente la reivindicación de la memoria de las víctimas de la dictadura.
Denuncias de persecución y más de mil firmas contra la gestión
La placa no constituye el único cuestionamiento. Durante los últimos meses también aparecieron denuncias relacionadas con la permanencia de residentes y los criterios utilizados para renovar sus plazas.
El tema llegó a Diputados mediante un pedido de informes que exige conocer si residentes que participaron de actividades por el Día Nacional de la Memoria del 24 de marzo fueron posteriormente desplazados o tuvieron dificultades para renovar su alojamiento. Los legisladores también reclamaron información sobre eventuales actuaciones administrativas por restricciones a la libertad de expresión, posibles situaciones de discriminación política y los mecanismos utilizados para seleccionar a quienes viven dentro de la residencia.
La crisis volvió a escalar en junio, cuando más de mil académicos, investigadores, escritores y artistas firmaron una carta dirigida a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; al secretario de Educación, Carlos Torrendell; a autoridades nacionales y a la Embajada argentina en Francia.
Los firmantes reclamaron la salida de Muzio y una auditoría administrativa, contable y técnica. También denunciaron reformas edilicias que calificaron como opacas y cuestionaron una reducción considerable de la capacidad residencial de la institución.
De acuerdo con los cuestionamientos elevados al Congreso, la Casa tenía capacidad para alojar alrededor de 75 personas y se proyectaba reducir el número de residentes a aproximadamente 30. Precisamente por eso, uno de los pedidos parlamentarios reclama conocer la cantidad efectiva de plazas y las razones de esa modificación.
De la Casa Argentina a la ultraderecha europea
Otro elemento particularmente sensible es la trayectoria política e institucional del propio Muzio. Antes de asumir en París estuvo relacionado con el Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (ISSEP) y dirigió su sede de Madrid.
El instituto fue fundado por Marion Maréchal, una de las dirigentes más reconocidas de la derecha radical francesa y sobrina de Marine Le Pen. Ese antecedente adquirió otra relevancia cuando comenzaron las acusaciones sobre la utilización de espacios de la Casa Argentina para encuentros relacionados con sectores de la derecha europea.
Las autoridades parisinas incluyeron este punto entre las preocupaciones elevadas al Gobierno francés. Las denuncias hablan de actividades vinculadas con expresiones extremistas, negacionistas o discriminatorias, acusaciones que deberán ser esclarecidas institucionalmente y sobre las que la conducción argentina deberá brindar explicaciones.
Otro foco de tensión fue la negativa atribuida a Muzio a suscribir la Carta de Valores de la Ciudad Internacional Universitaria de París, que contempla principios relacionados con los derechos humanos y las libertades de pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión.
La disputa incluso comenzó a afectar la convivencia dentro del complejo universitario. Según información publicada en Francia, representaciones nacionales como las de Japón, Canadá, Alemania y Dinamarca resolvieron suspender o limitar intercambios con la Casa Argentina.
El problema ya excede, por lo tanto, a Santiago Muzio. El funcionario llegó al cargo durante la administración de Milei y la institución se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. Después de meses de reclamos de residentes, cartas de académicos, pedidos de auditoría y presentaciones en el Congreso, ahora son autoridades francesas las que reclaman respuestas.
La Casa Argentina nació en 1928 para alojar estudiantes, investigadores, artistas y profesionales y convertirse en un puente académico y cultural entre ambos países. Casi un siglo después, una institución pensada para representar a la Argentina en París quedó atrapada en acusaciones de persecución ideológica, partidización y enfrentamientos políticos.
El escándalo que comenzó puertas adentro de una residencia universitaria terminó así cruzando las fronteras argentinas. Y mientras las denuncias continúan acumulándose, la pregunta ya no apunta solamente a Muzio, también alcanza al Gobierno que lo designó y que deberá explicar cómo uno de sus funcionarios terminó bajo la lupa de las autoridades de París.
Fuente: Confidencial.ar
