Desde el Ministerio de Infraestructura denunciaron arbitrariedad, desviación de poder y persecución política en el proceso que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, denunció este lunes “graves irregularidades” en la licitación que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei para la concesión de la Red Federal de Concesiones – Etapa II, que contempla la administración y concesión de 1.800 km de rutas nacionales en el territorio bonaerense. Por ese motivo, el funcionario de Axel Kicillof pidió la participación de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la PBA como veedores del proceso licitatorio.
En conferencia de prensa, Katopodis aseguró que observan con “preocupación” que “es un proceso que está muy lejos de ser transparente e íntegro”.
AUBASA, empresa pública bonaerense dependiente del Ministerio de Infraestructura, se presentó como oferente en la licitación para la gestión de los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur, que incluyen 1.325 km de las RN 3, RN 205, RN 226 y las AU Ezeiza-Cañuelas y la AU Riccheri. Sin embargo, el ministro provincial denunció trato desigual entre oferentes y cuestionamientos sin fundamentos a la compañía estatal de la provincia.
El llamado a licitación en cuestión se lanzó el 12 de noviembre de 2025, el 13 de febrero de 2026 se cumplió el plazo para la recepción de consultas y el 27 de ese mismo mes, se llevó a cabo el 1° acto de apertura de las ofertas presentadas. En ese periodo de tiempo, el Gobierno Nacional emitió cuatro circulares con nuevas exigencias que modificaron los requisitos de adminisibilidad, exigencias, documentación y certificaciones que figuraban en el pliego original.
En una carta enviada directamente el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, Katopodis remarcó que las circulares no establecieron “una prórroga razonable” para brindar las respuestas a las nuevas exigencias y señaló que “esto pudo haber afectado a la igualdad de condiciones entre oferentes y la previsibilidad del procedimiento”.
“Todos esos cambios desvirtúan absolutamente el proceso licitatorio y cambian estructuralmente el proceso de concesión al que nos estaba convocando el Gobierno nacional; el mismo Gobierno nacional que abandonó todas las rutas nacionales, que tiene en un estado deplorable, con un riesgo de vida para todos los que la transitan”, exclamó.
Por otro lado, el funcionario bonaerense denunció que la licitación está afectada «por un contexto de hostilidad política, degradación institucional y persecución económica, ejercida de manera sistemática por el Gobierno nacional respecto del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.
“En ese marco, cualquier decisión administrativa que recaiga sobre una empresa provincial como AUBASA, particularmente dentro de un procedimiento licitatorio de trascendencia estratégica, no puede ser analizada en forma aislada ni descontextualizada. Muy por el contrario, debe ser examinada con especial rigurosidad, pues existe una base objetiva suficiente para temer que la potestad administrativa pueda ser ejercida con desviación de poder, arbitrariedad o finalidad política impropia, en detrimento de la entidad vinculada al Estado bonaerense”, resaltó.
El ministro de Kicillof denunció que 6 de 10 oferentes que se presentaron en la licitiaciones “tienen deficiencias no subsanables” (estados contables, perfiles profesionales, certificaciones, estatutos) y que «AUBASA es la empresa mejor posicionada».
Desde el Ministerio de Infraestructura provincial indicaron que “AUBASA habría acompañado desde el inicio una oferta íntegra, suficiente y documentada» mientras que “otros oferentes habrían presentado omisiones de entidad”.
«Sin embargo, la vara de evaluación no habría sido uniforme; a determinados competidores se los habría favorecido con plazos de tolerancias o subsanaciones amplias, mientras que a AUBASA se le habrían requerido aclaraciones innecesarias respecto de extremos ya acreditados”, cuestionaron.
“Venimos observando con mucha preocupación un proceso con con cambios, con modificaciones y con decisiones que marcan cierta arbitrariedad en la asignación de los concesionarios. A una semana antes de que se venza el plazo de la presentación, más de 34 páginas modificaron 33 artículos del proceso licitatorio. Cambiaron la contratación cuando la contratación ya estaba iniciada”, exclamó Katopodis durante una conferencia de prensa en Gobernación.
Por ese motivo, desde el gobierno de Axel Kicillof reclaman la participación de las Defensorías del Pueblo de Nación y la PBA para que hagan de veedoras en todo el proceso de selección. “AUBASA logró completar todos los requisitos que estaban siendo exigidos en este proceso, e insisto, estamos muy convencidos, con mucha confianza, que es la mejor propuesta en materia de de estructura económica, de experiencia, de buen manejo de las rutas, y fundamentalmente en la capacidad de obras que podemos hacer en esas rutas que hoy están desde hace más de 12 meses y medio absolutamente abandonadas”, insistió el ministro bonaerense.
El funcionario consideró que la intención del Gobierno nacional es dejar afuera a AUBASA de forma adrede y arbitraria, con la intención de “hacer algún negociado con la adjudicación de estas concesiones” y llevar adelante “un modelo que ya vimos en la Argentina de peajes caros, dolarizados” y sin inversión.
Fuente: Diagonales
