En el resto de las universidades públicas, los docentes resolvieron hacer paro desde el 16 de marzo y por una semana, aunque no descartaron que pueda extenderse
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció una semana de paro a partir del 16 de marzo en todas las universidades públicas del país para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento. Sin embargo, en la UBA los educadores decidieron que la medida de fuerza se extienda por tiempo indeterminado.
La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) anunció que no comenzará el cuatrimestre y no regresarán a las aulas hasta tanto el Gobierno de Javier Milei no aplique de forma efectiva la legislación sancionada por el Congreso.
La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley 27.795) fue aprobada en agosto de 2025. Inmediatamente Milei vetó la normativa, pero a principios de octubre, el Poder Legislativo rechazó el veto y ratificó la ley con dos tercios.
Sin embargo, hasta ahora nunca se aplicó. En lugar de implementar la norma ratificada por ambas Cámaras, el Gobierno nacional impulsa una nueva ley de financiamiento universitario.
En ese contexto, en un plenario de gremios universitarios realizado el viernes 27 de febrero, los docentes resolvieron convocar a una semana de paro desde el 16 de marzo.
De todas maneras, advirtieron que la medida de fuerza es el primer paso de un plan de acción que podría extenderse por tiempo indeterminado si no se cumple la ley vigente.
Por su parte, los docentes de la UBA decidieron en asamblea que el paro sea por tiempo indeterminado desde el comienzo.
“No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente. Plan de lucha nacional, con paros, movilizaciones. Con acciones y cortes, permanencias en facultades y colegios de todo el país. Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria, en defensa del salario y la universidad pública”, señala la resolución de la asamblea.
Entre otras cosas, la Ley de Financiamiento Universitario establecía que los salarios y los gastos de funcionamiento de las unidades académicas debían actualizarse en línea con la inflación. Spoiler: eso nunca sucedió.
Por eso, ahora los docentes universitarios exigen el pago de un aumento salarial del 51%, porcentaje que, según la AGD-UBA, surge de la diferencia entre los aumentos salariales otorgados por el Gobierno y la inflación acumulada.
Por su parte, la nueva ley que envió el Gobierno al Congreso propone aumentos salariales del 4,1% en 3 tramos, elimina la recomposición de 2023-2024 y quita la actualización según la inflación del INDEC.
Frente a ello, los docentes universitarios decidieron poner en marcha un plan de lucha y las clases no comenzarán a principio del cuatrimestre.
Fuente: Diagonales
