El ministro Gabriel Katopodis llevó la posición bonaerense a la audiencia pública por las tarifas. Cuestionó la venta de la empresa y advirtió que los usuarios pagan aumentos mientras siguen paralizadas casi 300 obras.
El gobierno de Axel Kicillof rechazó los nuevos aumentos de AySA y cuestionó su privatización durante la audiencia pública sobre el esquema tarifario. En representación de la Provincia, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, denunció que la operación busca beneficiar a grupos económicos cercanos a Javier Milei y Luis Caputo.
“En representación de todos y todas las bonaerenses, por indicación de Kicillof, me presenté en la Audiencia Pública de AySA para rechazar el tarifazo y denunciar la estafa de su privatización”, expresó el funcionario.
Katopodis puso en discusión el argumento económico para desprenderse de la compañía. “¿Para qué vender una empresa superavitaria que todos los argentinos, con mucho esfuerzo, logramos poner en equilibrio? Para que los grupos económicos amigos de Milei y Caputo hagan un negociado”, sostuvo.
La audiencia fue convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para analizar una modificación de los coeficientes zonales que determinan las tarifas. Según informó el Ministerio de Infraestructura bonaerense, la propuesta contempla una suba promedio del 22,6% para el 60% de los hogares del área de servicio, adicional a las actualizaciones por inflación.
El ministro advirtió que el impacto recaerá sobre los usuarios de 26 municipios bonaerenses y la Ciudad de Buenos Aires. “El gobierno nacional decidió rematar AySA y hacer que sean los usuarios de 26 municipios bonaerenses y CABA quienes paguen las consecuencias”, afirmó.
También contrastó los incrementos acumulados con el freno a la infraestructura. Según señaló, las tarifas aumentaron un 555%, frente a una inflación del 300%, mientras quedaron paralizadas casi 300 obras que estaban en ejecución en 2023.
El planteo bonaerense apunta a esa combinación: facturas más caras sin las inversiones necesarias para extender las redes de agua potable y cloacas. Para Katopodis, la privatización profundizará las dificultades de quienes todavía esperan acceder a esos servicios.
En el cierre, el funcionario sumó una advertencia política: “Como pasó ayer en Brasil, estas políticas van a tener un freno. No vamos a permitir que dejen a un país sin obra pública y a millones de ciudadanos sin agua ni cloacas por 30 años”.
Fuente: Diagonales
