Así lo informó el Ministerio Público Fiscal, que indicó que 1.231 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad en 361 sentencias dictadas desde 2006. Sin embargo, en los dos años de gestión “libertaria” se registró un aumento de los juicios abreviados y un marcado descenso en las sentencias.
Mientras distintas encuestas de opinión, como la que relevó Zuban-Córdoba, revelan que hay un 68,6 % que opina que la última dictadura militar fue un “período de falta de libertad, violaciones a los derechos humanos y crisis económica”, y 57,1 % sostuvo que se trató de un “plan sistemático para la desaparición de personas”, la Justicia parece desoír el mensaje popular.
Desde el Ministerio Público Fiscal, en la previa del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, informaron que en la actualidad hay 12 juicios en curso por delitos de lesa humanidad.
Además, hay 504 personas detenidas por estos crímenes: 425 de ellas se encuentran en prisión domiciliaria. Del relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se desprende que la cantidad de absueltos es de 250.

A los 12 juicios en trámite en diferentes jurisdicciones se le suman 282 causas en etapa de investigación preliminar, con casi 300 procesados. Y más del 80 por ciento de las personas detenidas permanece en prisión domiciliaria.
Lo que alerta es la tendencia que se viene consolidando desde la llegada de La Libertad Avanza (LLA) al poder: en 2025 se registró un aumento de los juicios abreviados y también un marcado descenso en las sentencias. En números concretos: en 2024 se registraron 16 y en 2025, apenas 9.

En detalle, de las 425 que se encuentran en prisión domiciliaria, 61 están alojadas en la Unidad Penitenciaria N°34 de Campo de Mayo, y otras 18 en diferentes establecimientos carcelarios.
En un contexto en el que el gobierno nacional se ufana de un discurso negacionista, y que refuerza la “Teoría de los dos demonios”, hay 1.582 personas investigadas que permanecen en libertad.

Desde el Ministerio Público Fiscal indican que, en 2026, a pesar de los 504 represores detenidos, la brecha entre personas privadas de la libertad y personas efectivamente libres “es la mayor del registro histórico que lleva la procuraduría desde 2015”. Argumentan que esta situación es provocada “por la sostenida reducción de la cantidad de personas detenidas”.

De la etapa de investigación preliminar de juicios se encuentran en trámite 282 causas. Si se suman estas causas a las que están en etapa de debate, la cantidad de personas procesadas es de 292.
También se suma que en los expedientes en investigación hay 517 personas imputadas por fiscales que aún no han sido intimadas, y otras 76 que fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal. Por último, la cantidad de prófugos se mantiene estable respecto de registros anteriores: son 33 casos.
Fuente: Diagonales







